Ruidos en el juzgado

Joan Serra

La contaminación acústica ha penetrado tanto en nuestras vidas que llegamos a tenerla inconscientemente asimilada y, salvo en casos verdaderamente excepcionales, ya no somos capaces de percibir la magnitud de la agresión que supone a nuestra intimidad y a nuestra salud. Sólo cuando se hace el silencio en plena madrugada o en el campo, lejos de los focos de perturbación, es posible apreciar la intensidad de la contaminación por ruido que nos hemos acostumbrado a tolerar.

En Eivissa, especialmente en verano, el ruido se apodera de las poblaciones y de las zonas turísticas hasta convertirse en muchos casos en un abuso inmisericorde e insoportable para miles de personas que se sienten impotentes ante la pasividad de policías locales y ayuntamientos. Incluso en Vila, que es donde más se combaten los excesos de bares musicales y terrazas, se está muy lejos aún de lograr unos niveles aceptables de contaminación acústica tanto de día como de noche.

La represión del exceso de ruido puede hacerse perfectamente por vía administrativa, que es su ámbito natural. Los ayuntamientos tienen medios legales suficientes para poner en vereda a quienes causan molestias abusando del volumen o rebasando los horarios establecidos, pero falta casi siempre la voluntad política de actuar estricta y contundentemente contra los infractores. Cómo, si no, podría entenderse que un ayuntamiento como el de Sant Antoni pueda estar todo un verano sin sonómetros y, consiguientemente, sin posibilidad de verificar técnicamente las denuncias de los vecinos.

Los ayuntamientos tienen el deber de proteger la calidad de vida de los ciudadanos y han de poner límites a aquellas actividades empresariales que pueden causar molestias o vulnerar los derechos de las personas, pero de nada sirve plasmar en las ordenanzas municipales normas y regulaciones muy sensatas si luego no se hacen cumplir: de este modo sólo se protege al agresor y el afectado queda doblemente desamparado ante este tipo de atentados contra su bienestar.

La decisión de la Audiencia Provincial representa un giro radical en el tratamiento de esta cuestión porque abre la vía penal para investigar -y en su caso castigar- no sólo los excesos de los infractores sino también la actitud negligente de quienes tenían la obligación de atender las denuncias y de sancionar los incumplimientos de las ordenanzas y no lo hicieron. Es también un toque de atención para los responsables municipales de todos los ayuntamientos y una luz para las víctimas de este tipo de atropellos, cuyos autores acaban comportándose con el desprecio y la prepotencia que les da la certeza de que nada va a ocurrirles o de que, en el peor de los casos, sólo tendrán que afrontar alguna multa simbólica que están dispuestos a pagar gustosamente con tal de hacer lo que les da la gana. Si algunos alcaldes y concejales tienen que comenzar a desfilar por los juzgados para dar explicaciones y justificar su inoperancia en materia de ruidos, si tienen que correr el riesgo de una condena por delito medioambiental y/o prevaricación, es posible que entren en razón y decidan preocuparse de verdad por un asunto que hasta ahora no les quitaba el sueño a ellos, aunque sí a muchos de sus convecinos.

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