Plazas con libertad condicional

Carlos Mármol

El Consistorio ha anunciado que extenderá esta política al resto de la capital en función de los resultados que a medio plazo arroje la medida, ideada al parecer para luchar contra la movida. No han aclarado los responsables municipales si se refieren a beneficios políticos o ciudadanos. En todo caso, todavía es un misterio en base a qué normativa concreta se prohíbe a los ciudadanos utilizar su propia ciudad.

Los vecinos, en especial los que se han destacado en los últimos tiempos por concebir las plazas cercanas a sus domicilios como meras prolongaciones, a ser posible amables y privadas, de sus propios hogares –algo que choca de frente con la propia esencia del concepto histórico de lo que es la ciudad occidental–, apoyan sin rubor esta sorprendente medida que consiste en conceder una especie de autorización vigilada y temporal para poder ocupar las plazas de Sevilla.

Las ágoras, por tradición y herencia cultural, son la representación misma del modelo de urbe mediterránea: espacios democráticos para la convivencia, pero también para la fiesta, la exteorización de los sentimientos y los actos de carácter político, ciudadano y cultural. Algunos dirán que la movida no tiene nada de esto. Que es un cáncer. Son opiniones libres. Pero lo cierto es que en cualquier parte del mundo las plazas son lugares más o menos ruidosos que han sido concebidos precisamente para albergar actividades públicas o tribales, dependiendo del tipo de sociedad de la que se trate. Son territorios para orar, comprar, vender, polemizar y disfrutar. También el pesebre del arte de la política, tan diluido en estos tiempos de propaganda gubernamental. Querer que sean sólo espacios silenciosos y decorativos –meros aderezos en la trama del organismo vivo y plural que es una ciudad– es como pretender que una urbe, cualquiera que sea ésta, se convierta en un escenario muerto. En un decorado amable e irreal. Prefabricado.

La excusa del Consistorio para dar luz verde a esta medida, que es insostenible a largo plazo pero que políticamente puede ser efectista a corto plazo –sobre todo para contentar ciertas aspiraciones vecinales que pretenden trasladar el problema lejos de su casa, no eliminarlo–, son las concentraciones juveniles de los fines de semana. Reuniones que producen en muchas ocasiones un alud de destrozos. El problema no radica ya en el hecho de concentrarse –antaño era delito; ahora, al parecer, no es elegante para según qué colectivos–, sino en la forma de hacerlo: pacíficamente o practicando el falso nihilismo que muchos confunden con la destrucción del patrimonio urbano. La ley es muy clara en este sentido: toda reunión que no sea violenta o altere el orden público puede y debe celebrarse sin autorización expresa. Hay que demostrar, además, el peligro de una reunión para alegar su prohibición. Igual ocurre con el derecho a la libre circulación.

Sevilla, en todo caso, carece de una ordenanza precisa que regule la utilización de sus espacios públicos. Hace unos años, cuando Soledad Becerril anunció su intención de cerrar los jardines de Murillo debido a su progresiva destrucción, hubo voces que criticaron la iniciativa. Los jardines se cerraron. No han vuelto a abrirse debates de este tipo en la ciudad. Casi todo el mundo acepta ya lo inevitable: mucha gente prefiere lugares cercados y controlados a la desazón que supone la inevitable destrucción de la ciudad. ¿Ocurrirá ahora lo mismo con las plazas? ¿Sevilla está destinada a convertirse en una ciudad enjaulada en la que el hecho esencial de la ciudadanía –contar con espacios libres en los que poder encontrarse con los demás sin tener que pagar ni hacer actividad alguna, donde intercambiar opiniones e ideas, donde tomar el sol– se convertirá en un milagro?

Alguna fractura ha debido producirse en el alma de la ciudad cuando de repente hay quienes prefieren ver los espacios públicos convertidos en escenarios policiales, conservados pero muertos, que arriesgarse a combatir por otros medios a los que no conciben más presente que la destrucción de su entorno diario. El Ayuntamiento, que ahora intenta reaccionar con improvisación ante un fenómeno –la movida– que hace tiempo que se le fue de la mano, tiene buena parte de responsabilidad en esto. ¿No sería mejor debatir y aprobar en Pleno unas normas para las plazas que actuar sin previo aviso cercenando un derecho de todos con la recurrente coartada de lo que algunos hacen? Sevilla es ya el escenario de sus propios miedos. Una ciudad cada vez más cercada.

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