Barcelona, 28/10/2002 EL PROBLEMA DEL HORARIO DE LOS BARESNoches de copas y policíaEl debate mal resuelto entre los nuevos hábitos juveniles y el descanso de los vecinos degenera en incidentesANTONIO CERRILLO
Cáceres y Zaragoza son en los últimos fines de semana ciudades sitiadas. Compatibilizar la fiesta nocturna de los jóvenes y la paz de los vecinos en los barrios de la movida juvenil queda en estas dos ciudades en manos del despliegue policial, cuyo objetivo es evitar que se repitan los incidentes registrados en las últimas semanas -anoche mismo, en la capital aragonesa-, cuando la aplicación estricta de los horarios de cierre de los bares y pubs ha sido contestada por algunos jóvenes con actos vandálicos. Tanto en Cáceres como en Zaragoza, el conflicto ha estallado cuando las administraciones han querido imponer con rigor el horario legal de cierre de establecimientos. El problema es que esos horarios ya no responden a la realidad de unas barriadas especializadas en el ocio nocturno, creadas y consolidadas en el centro urbano, con una gran concentración de locales, en cuyo diseño no se ha tenido en cuenta la paz de los vecinos. Y, a todo esto, se va consolidando un cambio de hábitos en los jóvenes ante la preocupación de unos padres para quienes la noche, el alcohol, las drogas de diseño y la muerte en la carretera son las secuencias de la película más temida. Lo ocurrido en Cáceres o en Zaragoza se debe a que "los jóvenes han hecho normal la anormal disfunción horaria entre los mayores y los jóvenes", en palabras de Fernando González Pozuelo, profesor de Sociología de la Universidad de Extremadura. "Hoy los horarios no los impone la familia y las tradiciones, sino que hoy los imponen los jóvenes y adolescentes", apunta. El sociólogo González Pozuelo ve aspectos positivos en el hecho de que los jóvenes se reúnan en horario no convencional, puesto que estos encuentros actúan como un rito de iniciación a la edad adulta que fomenta la comunicación en una sociedad que se relaciona poca. "Pero lo negativo es que todo gira alrededor del consumo de alcohol, con lo que pasamos de una sociedad del ocio a una sociedad del negocio." En este contexto, en Zaragoza ha sido la Coordinadora de Hostelería la que ha reclamado la abolición de los horarios de cierre de tres a las seis de la mañana e invoca ese cambio de hábitos de los jóvenes para pedir el cierre de establecimientos a las cinco, porque "los jóvenes empiezan a venir a la una y media". Cáceres es una bomba de relojería que puede explotar en cualquier momento si se aflojan las tuercas del control policial. Los vecinos y los dueños de los bares están en una situación irreconciliable, mientras que el Ayuntamiento (PP) y la Junta de Extremadura (PSOE) saldan sus diferencias culpándose unos a otros. Aquí el problema surgió cuando las administraciones empezaron a exigir que se cumplieran los horarios de cierre de bares fijados por la Junta extremeña, después de las continuas protestas de los vecinos del barrio de la Madrila. "Los bares cerraban a las ocho y a las nueve de la mañana; cuando se iba el último", se lamenta Miguel Salazar, presidente de la Asociación de Vecinos. El escándalo fue mayúsculo al descubrirse que muchos bares habían burlado la normativa y se hacían pasar por establecimientos especiales para cerrar una hora más tarde. Y, como eran bares normales, se les exigió que echaran la persiana a su hora (a las dos los fines de semana). Pero el "golpe horario" fue tan mal aceptado que muchos jóvenes se echaron a la calle, espoleados y azuzados -dicen los vecinos- desde los bares. Pero la solución adoptada ha agravado el problema: los dueños de los bares se han acogido a un subterfugio legal que les permite reabrir las puertas a las 6 (el fin de semana), pues la normativa permite reabrir a los bares normales al transcurrir cuatro horas después del cierre. La consecuencia es que los jóvenes se enganchan a esa hora a la fiesta, mientras se reanuda el calvario para los vecinos, quejosos de que no todos los bares estén insonorizados. Todo se complica con un ambiente político envenenado. Carlos Rovira, subdelegado del Gobierno en Cáceres (PP), dice que la Junta de Extremadura (PSOE) "pone multas ridículas" por las denuncias de la policía, una afirmación que corrobora el concejal de Seguridad Ciudadana de Cáceres, Teodoro Casado (PP). Rovira y Casado dicen que a los bares "les sale más a cuenta pagar la multa y seguir haciendo caja" que cerrar a su hora, y que la Junta no ha cerrado ningún bar por acumulación de sanciones. La réplica es contundente desde la Junta de Extremadura. Ángel Cepeda Hernández, su delegado en Cáceres, acusa al Ayuntamiento cacereño de "hacer dejación de funciones" y de poner pocas denuncias. En general, los especialistas sostienen que los municipios deben valorar la opción de situar la oferta lúdica fuera del centro urbano para evitar las molestias a los vecinos y dinamizar otras zonas de la ciudad, aunque el riesgo es crear guetos custodiados por vigilantes privados. Los especialistas también ven necesario reforzar la autoridad de los ayuntamientos en el cumplimiento de los horarios de cierre. A diferencia de Extremadura, en Cataluña los ayuntamientos tienen competencias para poner sanciones leves -multas de hasta 6.000 euros y cierre de hasta 15 días-, aunque la Generalitat también puede actuar. Los municipios pueden tener delegadas las funciones para sanciones graves. Así, se facilita la acción de la Administración más cercana. pero sin que desaparezca la tutela de la Generalitat, para evitar que la proximidad acabe en confraternización entre el guardia y el dueño del establecimiento.
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