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Málaga, 24/05/2002
El Gobierno deja en manos de los ayuntamientos la prohibición del 'botellón'
El Consistorio malagueño anuncia el fin de estas concentraciones en la Plaza de la Merced y señala que la policía se encargará de acabar con ellas. La restricción no afectará a terrazas, ferias y fiestas
M. JOSÉ GARDE
La anunciada ‘ley seca’ del Gobierno se ha quedado sólo a medio gas. No habrá veto al consumo de alcohol en la vía pública, como se había anunciado en un principio, y se podrá beber en la calle cuando no exista prohibición expresa. El Ejecutivo ha optado por dejar en manos de los ayuntamientos los aspectos más controvertidos del llamado ‘botellón’, como son fijar las prohibición de esta práctica, muy extendida entre los jóvenes, si se considera que molesta al vecindario.En este sentido, el portavoz municipal del Ayuntamiento de Málaga, Javier Berlanga, anunció ayer que el ‘botellón’ de la Plaza de la Merced estará prohibido y que será la Policía la encargada de acabar con estas concentraciones de ciudadanos, allí donde se celebren, cuando entre en vigor esta norma.
Berlanga precisó que lo que no se prohibirá será beber alcohol tranquilamente en una terraza o en concentraciones autorizadas como serían la feria o las fiestas de San Juan. Un aspecto que contempla la norma, que prohíbe expresamente el consumo «excepto en los espacios o acontecimientos autorizados por las administraciones públicas».
El portavoz del Ayuntamiento de Málaga consideró esta ley como el «arma legal necesaria para combatir las situaciones actuales en las que se altera la tranquilidad de los vecinos del centro».
Consumo tranquilo
El anteproyecto de Ley que hoy aprobará el Consejo de Ministros después de tres meses de estudio, establece la prohibición en los «lugares, vías o transportes públicos, cuando se altere la tranquilidad ciudadana o el derecho a la libre circulación de personas». Esta actividad será sancionada con una multa proporcional a la infracción cometida (repercusión, graduación, intencionalidad, etcétera) que rondará entre los 50 y los 600 euros. La principal medida de la norma es la prohibición de la venta a menores de 18 años, cuando antes estaba establecida en los 16.El Ejecutivo ha preferido primar los aspectos educativos y de prevención por encima de los coercitivos. De esta forma, la norma incide en aplicar campañas de ocio juvenil y en incluir en los planes de estudio programas dirigidos a alertar sobre los riesgos del consumo de alcohol.
La norma incluye una lista de lugares prohibidos para la venta, disposición y consumo de las bebidas alcohólicas: centros de asistencia a menores, sedes de empresas de transporte público, empresas y depósitos de armas, recintos deportivos, y centros docentes.
La prohibición también se hace extensiva, salvo que se cuente con espacios expresamente habilitados, como bares o cafeterías, a las Administraciones públicas, centros sanitarios, centros de trabajo y centros de enseñanza superior y universitaria y gasolineras (en estos dos últimos casos queda también prohibida la venta de alcohol de 20 o más grados).
La venta y los horarios
En la misma línea, la ley fijará una serie de restricciones sobre establecimientos, formas de venta y horarios. En este caso, se podrán establecer limitaciones a la venta de alcohol en establecimientos comerciales minoristas para determinadas franjas horarias, dentro del marco definido para los horarios comerciales.No se permitirá la venta ni la dispensación que no se lleve a cabo dentro de los establecimientos regulares autorizados. Tampoco la venta por la noche a domicilio, en áreas de servicio de autopistas y gasolineras, o en máquinas fuera de locales.
Otro de los capítulos del anteproyecto es el de las restricciones a la publicidad, prohibiéndose aquella dirigida directa o indirectamente a menores de 18 años. En concreto, la televisiva queda regulada por lo dispuesto en el actual ordenamiento; en la radiofónica se prohíbe la de bebidas con más de 20 grados entre las 8,00 y 21,00 horas; y en el campo de las publicaciones se prohíbe en aquellas dirigidas a menores.
Igualmente, destaca la prohibición de publicidad en los transportes públicos o privados, incluídos las estaciones, puertos y aeropuertos.
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