La Plataforma contra el Ruido pide la creación de un cuerpo de 50 policías para controlar la movida sevillana

La organización vecinal presentó un requerimiento en el registro municipal en el que piden al alcalde hispalense, Alfredo Sánchez Monteseirín, la creación de una mesa de diálogo en la que participen los concejales de Seguridad Ciudadana, José Gallardo, y Medio Ambiente, Evangelina Naranjo, a fin de poner freno a los problemas que genera la movida.

En el escrito, que presentaron en rueda de prensa, se reclama además el recorte en una hora del horario de cierre durante los fines de semana de los bares situados en zonas saturadas o afectadas por la movida, La Alfalfa, Viapol o El Arenal.

También se pide el cierre "inmediato" de los conciertos o fiestas sin licencia o que incumplan la normativa municipal, así como el "cierre definitivo" de los establecimientos que abran sus puertas sin licencia o que la incumplan y la clausura de los establecimientos de "venta clandestina de alcohol".

Otra de las peticiones del colectivo vecinal es que se cree la figura de inspectores de Medio Ambiente "de guardia" para que puedan comprobar las denuncias de los vecinos sobre la marcha en lugar de "tardar 15 ó 20 días", explicó el representante de la Plataforma Julio Velázquez.

Por último, reclaman al Ayuntamiento que cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 29/10/2000 interpuesta por la asociación de vecinos del Arenal, en el que "se reconoce que el Consistorio no cumple con sus deberes" y que debería "hacer que la gente circule y no esté parada en la calle, impedir la venta de alcohol en la vía pública y realizar controles exhaustivos de los niveles acústicos de los tubos de escape de las motos".

Desde la Plataforma Ciudadana se lamenta la "permisividad" del Ayuntmaiento ante la "degradación de las condiciones de vida en los barrios" a raíz de la movida, y los "perjuicios" que ésta está provocando tanto en la salud de sus habitantes como en la reducción del valor de su patrimonio, todo lo cual "vulnera derechos fundamentales" de la población.

En este sentido, recuerdan que según el Código Penal existen penas para castigar tanto a los infractores de las normas como a funcionarios y autoridades que "silencian" los incumplimientos de la legalidad.

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