El problema del ruido en parques públicos, calles y locales se ha convertido en uno de los principales caballos de batalla para el gobierno local

MIENTRAS LOS AFECTADOS DENUNCIAN LA PASIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, BUGALLO ADVIERTE QUE ES IMPOSIBLE ATAJAR EL PROBLEMA PORQUE EL ACTUAL SISTEMA SANCIONADOR PERMITE A LOS INFRACTORES AMPARARSE EN LA BUROCRACIA PARA LOGRAR UNA TOTAL IMPUNIDAD

Locales compostelanos precintados por ruido siguen abiertos aprovechando el vacío legal

Hoy por hoy el problema del ruido no tiene solución. Así de tajante se muestra el alcalde, que recuerda que sobre todos los locales nocturnos que molestan a los vecinos pesa una orden de cierre y, lo que es más grave, seis de ellos siguen funcionando pese a haber sido precintados. Tanto Bugallo como Carlos Nieves, edil de Seguridad Ciudadana, hablan de impotencia. Muchos de los afectados comprenden las limitaciones competenciales de Raxoi, pero aún así reiteran que existe una dejadez generalizada por parte de todas las instituciones para atajar el problema.

El problema del ruido no es fácil de asumir. De hecho, ninguna ciudad española ha conseguido equilibrar la balanza que ajusta el derecho a la diversión y el derecho al descanso. Los afectados critican la pasividad de las instituciones, exigen cambios en la legislación y apelan a la responsabilidad de los hosteleros. Pero desde Raxoi aseguran que ésa es una ecuación casi imposible. El alcalde asegura que con las competencias y recursos con los que cuenta la administración local la solución al problema del ruido es una utopía.

Actualmente existe un gran vacío legal propiciado por un sistema excesivamente burocratizado, que puede eternizar un proceso sancionador a un local que incumple la normativa. Según el edil de Seguridad Ciudadana, Carlos Nieves, sería imprescindible agilizar las sanciones y eliminar la "burocracia''. Y es que las denuncias tienen que ser trasladadas a la Consellería de Xustiza, que tiene la potestad sancionadora, el propietario del local puede apelar y los jueces tienen que emitir un fallo, con lo que una simple multa se acaba convirtiendo en un farragoso embrollo legal.

Según Bugallo, la impunidad de los locales que incumplen las normativas llega a tal punto que cuando las órdenes de precinto llegan al Juzgado "no pasa absolutamente nada, porque rompen el precinto y continúan trabajando''. El regidor añade que que pueden pasar hasta dos años desde que comienza el proceso hasta que llega la sentencia, y todo para que el denunciado pague una multa de 300 euros.

Carlos Nieves recuerda que si los hosteleros sancionados son reincidentes, la cuantía de las multas se incrementa y se puede llegar a la orden de cierre. Sin embargo muchos propietarios hacen caso omiso a esa orden, que de hecho pesa sobre los locales que más molestias provocan a los vecinos.

Estas incongruencias del sistema indignan a los afectados pero no cogen por sorpresa al presidente de la asociación Compostela Vella. José Antonio López comprende las limitaciones para actuar que tiene la administración local. Sin embargo, considera que se podría hacer mucho más si existiese una mayor colaboración. "O se lo toman en serio todas las instituciones públicas o nos olvidamos, porque una sola administración no lo puede solucionar''.

Escasez de agentes para controlar los horarios

Según Carlos Nieves, los efectivos existentes en Santiago no son suficientes para acudir a todas las llamadas de los afectados, ya que no se pueden dejar desatendidos otros problemas. En este sentido, asegura que la colaboración de la Policía Nacional y Autonómica es esencial, pero recuerda que los medios son limitados y "falta personal''.

En cuanto al ruido que genera la gente en el exterior de los locales, asegura que "hacemos lo que podemos'', pero admite que "no puede haber un agente en cada puerta''.