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Granada, 9/6/2002
El dueño de un bar, primer andaluz juzgado por emisión grave de ruido
"Vivíamos una auténtica torturaLa persona que pidió amparo a la Justicia para poner fin al asedio del local que les hacía literalmente la vida imposible resume la situación vivida con una frase: "Tres años durmiendo, y mal, dos horas diarias".Según relata el representante de la acusación particular en el caso, desde el año 1996 que se instaló en su piso de la calle Sócrates, hasta la primavera de 1999, en que se vio obligado a venderlo, él y su familia vivieron "una auténtica tortura". Su mujer, que sufría problemas de salud, "rompía a llorar todas las noches por las insoportables jaquecas". Él tuvo que recurrir al 'valium' y al sofá de la casa para intentar conciliar el sueño. En cuanto a su hija, tuvo que cambiar a nocturno el horario del instituto para que pudiese terminar el bachillerato. La imposibilidad de conciliar el sueño provocó alteraciones graves de salud, según narra el vecino afectado, tales com nervios, estrés, dolores de cabeza, taquicardias y un mal humor constante que llegó a poner en peligro la convivencia de la familia. El próximo martes acudirá a juicio para defender sus derechos. |
- El titular del establecimiento se enfrenta a una pena de 18 meses de prisión
- La Fiscalía sostiene que «se puso en grave riesgo la salud de los vecinos»
Rocío Mendoza
El propietario de un antiguo bar de la capital granadina será el primer imputado en un delito contra el medio ambiente por emisión de ruidos que es juzgado por la vía penal en toda Andalucía. El próximo martes, el que fuera dueño del antiguo bar Salsa se sentará en el banquillo de los acusados ante el juez de lo penal número cinco de Granada una vez trascurridos dos años y medio desde que comenzó el proceso penal.Además de este juicio, pionero en Andalucía, se han celebrado hasta ahora dos procesos penales de estas características. El primero de ellos tuvo lugar en Palencia, cuyo imputado fue condenado a dos años y medio de prisión. En el segundo caso que precede al de Granada, el acusado de un delito contra el medio ambiente fue absuelto finalmente por los jueces valencianos.
Delito medioambiental
En el caso granadino, que se remonta a octubre del año 1999, la Fiscalía de Granada pide una pena de 18 meses de prisión y una multa de 730.000 para el propietario del establecimiento por un delito contra el medio ambiente tipificado como tal por el Código Penal. En su escrito de calificación provisional, el Ministerio Fiscal considera que el elevado nivel de ruidos del local puso «en grave riesgo la salud de las personas que habitan las casas vecinas» al establecimiento, ubicado en al calle Sócrates.Por su parte, la acusación particular -representada por un solo vecino que vivía en el primer piso ubicado sobre el local- solicita una pena mayor, de hasta dos años de cárcel. La primera denuncia por la vía judicial presentada por esta persona fue recogida e investigada por el entonces jefe de la Fiscalía del TSJA, Luis Portero.
A partir de entonces, y a instancias de éste último, la Policía Judicial realizó una serie de investigaciones en el establecimiento y con los vecinos de la zona cuyos resultados se incluyen en el sumario del caso que sentará en el banquillo al empresario. La instrucción del caso fue llevada a cabo por Miguel Ángel del Arco, juez de instrucción número seis, quien ordenó el cierre del establecimiento en octubre de 1999 después de que el Seprona de la Guardia Civil realizara una medición en el local y se constatase el nivel excesivo de ruidos. Además de esto, el juez constató que el establecimiento había desobedecido «los reiterados requerimientos y actuaciones llevadas a cabo en el ámbito administrativo».
Desobediencia
El vecino afectado que representa la acusación particular en el proceso penal informó que el Ayuntamiento había ordenado el cierre cautelar del establecimiento en unas cuatro ocasiones. Este aspecto también es recogido por el escrito de la Fiscalía, quien considera que, al margen del incumplimiento total de horarios y la acumulación de basuras en los exteriores del local, la emisión de ruidos por encima del nivel permitido «deteriora el medio ambiente» y altera «gravemente las condiciones de vida de los vecinos», elementos recogidos en el artículo 325 del Código Penal, referido a los delitos contra el medio ambiente.
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