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La proposición de ley fue aprobada con los votos de Convergència i Unió (CiU) y el Partido Popular (PP). Los socialistas (PSC) e Iniciativa (IC-V) votaron en contra y Esquerra Republicana (ERC) se abstuvo. La proposición modifica la ley de 1985 que regula en Cataluña las sustancias adictivas y que prohibía la venta de alcohol a menores de 16 años, pero toleraba que de 8 a 24 horas los jóvenes de 16 a 18 años pudiera comprar bebidas alcohólicas de hasta 23 grados.
La prohibición -entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el "Diari de la Generalitat", dentro de un mes como máximo- ha sido impulsada por el PP, que ha forzado anticipar esta medida que ya estaba incluida en una norma que prepara el Govern desde hace tiempo para restringir la venta, consumo y publicidad de alcohol y tabaco. El diputado popular Daniel Sirera explicó que en el año 2000 el PP ya pidió que no se vendiera alcohol a menores de 18 años y como el Govern no ha tramitado su regulación, se ha querido acelerar.
Imponer los 18 años como edad mínima para consumir alcohol es una política que impulsa el Gobierno para reducir en toda España el consumo de alcohol entre los jóvenes, sobre todo en la calle, la moda que se conoce como botellón.
El conseller de Sanitat, Eduard Rius, señaló que la reforma legal es coherente y clarificadora, pero agregó que la Generalitat también quiere potenciar las campañas educativas entre los jóvenes.
Los socialistas e IC-V calificaron la medida legal de autoritaria y criminalizadora de los jóvenes. El Consell de la Joventut de Barcelona, que agrupa a 450 entidades, opinó que con medidas represivas no se resolverá el problema de fondo y apuesta por políticas de promoción de la salud e iniciativas alternativas de ocio.
El delegado para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, avanzó ayer que la ley que prepara el Gobierno sobre esta materia se llamará de Prevención del Alcoholismo Juvenil y prevé medidas como avisos a los padres de los menores que consumen alcohol o que estos participen en trabajos sociales y conozcan ONG de afectados. La ley también establecerá una asignatura de educación para la salud y políticas de ocio alternativo.
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