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Granada, 14/2/2002
Editorial
Prohibir y educar
ANTES de seis meses, el Ministerio de Interior ha anunciado que presentará una ley para prohibir el consumo de alcohol en la vía pública y endurecerá las actuales sanciones por su venta a menores de 18 años, en un intento de combatir el preocupante incremento de su consumo entre adolescentes y los problemas asociados a esta práctica de fin de semana que se ha venido a denominar 'el botellón'. Aunque tanto o más preocupante que el espectáculo callejero del botellón es la banalización con la que jóvenes y adolescentes se acercan a la bebida a unas edades cada vez más tempranas. Así lo atestiguan los datos presentados en el Congreso sobre 'Jóvenes, Noche y Alcohol' reunido estos días en Madrid: la edad de iniciación al alcohol ya se sitúa en los 13 años, con mayor incorporación femenina, y un 76% de jóvenes de 14 a 18 años son consumidores, la gran mayoría habituales.La extensión del alcoholismo a sectores juveniles en un país, como España, que ocupa uno de los primeros puestos de Europa, con un consumo medio de 10 litros por persona y año, es un fenómeno que ha hecho saltar las señales de alarma. Las autoridades sanitarias ya advierten que hay que afrontar la cultura del consumo de alcohol con algo más que un severo tratamiento fiscal porque, según señala la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro muertes de varones europeos de 15 a 29 años es imputable al alcohol, y éste genera el 9% del gasto europeo en salud, lo que en España supone 3.600 millones de euros. En ese contexto, el anuncio por el Gobierno de una ley marco que prohíba el consumo en las calles y su acceso a menores de 18 años, siendo un paso positivo puede resultar insuficiente. Porque endureciendo la norma no se garantiza la erradicación del problema. No hay que olvidar que desde 1992 está prohibida por ley la venta del alcohol a menores de dieciséis años, con incumplimiento manifiesto en numerosos casos. La iniciativa anunciada, muy razonable en sus objetivos, tiene la virtud de extender la conciencia de ilegalidad en el cuerpo social. Ahora bien, corresponde a las comunidades autónomas y municipios ampararse en el rango superior de esa ley para establecer normas y reglamentos adaptados a las realidades locales.
La prometida ley debe aprovechar la experiencia de seis comunidades autónomas que tienen prohibido el consumo en la vía pública, incluso normas semejantes implantadas en otros países, con diferentes grados represivos. Ante un problema social como éste, se precisa la implicación de diferentes estamentos competentes en la salud, la educación y el orden ciudadano.
Sería lamentable que todo quedara, desde el Gobierno, en la presentación de una ley llamativa como brindis al sol; y desde la oposición, en ofrecer la equívoca alternativa de que los poderes públicos organicen el ocio juvenil.
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