Granada, 04/02/2002 Granada, entre las ciudades rezagadas para combatir el ruido nocturno
Amina Nasser
Imposible fue el descanso, durante muchos años, para una familia que habitaba en un piso de la calle Sócrates, en lo alto de un pub que se entrometía en el domicilio con su martilleo musical. Al principio, la familia no parecía estar dispuesta a pasar noche tras noche en vela. Y empezó su particular batalla para combatir el ruido. La primera denuncia, interpuesta ante la delegación municipal de Medio Ambiente, alimentó las esperanzas de que cualquier noche, más bien pronto que tarde, retornaría al domicilio el silencio ambiental. Pero pasaron los años y la familia, convencida de que sólo le quedaba la resignación ante el ruido, optó por el 'exilio'. Esa familia tenía un bebé que cumplió los nueve años acostumbrado a soportar un ruido superior a los 50 decibelios en su habitación. Los técnicos de Medio Ambiente recuerdan la primera vez que acudieron al piso a medir los ruidos. La recuerdan por la impresión que les causó ver al crío durmiendo inquieto en una cuna y a su madre llorando porque el pequeño se movía demasiado. Dormía como si tuviera una pesadilla de la que no podía despertar. Lo que realmente perturbaba su descanso era el ruido ambiental. Esa noche, el sonómetro sobrepasó los 50 decibelios -un nivel sonoro equivalente a una tertulia nocturna en la habitación-muy superior a los 35 permitidos por la normativa. Inercia administrativa
La familia del piso de la calle Sócrates se vio obligada al 'exilio' ante la obvia realidad de que sus denuncias ante la administración habían resultado inútiles. Ni las inspecciones de los técnicos ni las mediciones ni la clausura de la actividad musical ni el voluntarismo de los funcionarios municipales lograron impedir que aquel bebé de tres meses cumpliera los nueve años sin derecho al descanso. Situaciones similares se reproducen en numerosos hogares, en Granada y en otras muchas ciudades, donde cada vez cobran más fuerza los movimientos de protesta contra el ruido y las críticas hacia la administración local por su inactividad o su ineficaz labor para controlar, vigilar e inspeccionar las actividades que arrebatan el derecho al descanso a un creciente colectivo de ciudadanos. La inoperancia de las administración municipal ha forzado a particulares a emprender actuaciones judiciales contra los ayuntamientos, como principales responsables de los daños morales ocasionados por la contaminación acústica. Estos ciudadanos sólo tratan de encontrar en los juzgados la respuesta que no reciben de la administración local. La avalancha de denuncias judiciales interpuestas por particulares en otras ciudades y la presión vecinal ha llevado a algunas corporaciones a ponerse las pilas para combatir el ruido, mientras Granada se sitúa entre las ciudades rezagadas. En Alicante, donde el control de estas actividades depende del área de Urbanismo (como en numerosos municipios), la Policía Local cerró en un sólo mes, en noviembre pasado, 24 locales de ocio por carecer de licencia y superar los niveles de ruido. En Las Palmas, el Ayuntamiento ha endurecido la normativa para considerar como infracciones a la seguridad ciudadana, entre otras cuestiones, el incumplimiento de los horarios de apertura establecidos. Otras experienciasEn Peñíscola, Torrevieja, Altea o Benidorm, los ayuntamientos han aprovechado las nuevas tecnologías para implantar un sistema de control a distancia de decibelios, a través de un dispositivo instalado en el Cuartel de la Policía Local y en los pubs, que permite vigilar los horarios de cierre y los decibelios de los locales.En Murcia, el Ayuntamiento ha prohibido cualquier actividad incompatible con el normal descanso en zonas residenciales. Valencia, que también ha endurecido la ordenanza contra el ruido, pidió recientemente a la Generalitat que recorte el horario de los pubs.
Granada, donde los medios materiales y humanos para combatir el ruido están bajo mínimos, sólo ha adoptado tímidas medidas que, además, resultan inoperantes por la inercia y la lentitud de la administración.
La Junta quiere ampliar horarios pese a la tendencia a recortarlos
La normativa andaluza que regula el horario de apertura y cierre de establecimientos públicos contiene todos los resquicios para que los empresarios de la 'noche' puedan mantener su actividad en funcionamiento todo el tiempo posible. En Granada, algunos consiguen mantener la actividad abierta las 24 horas del día dándose de alta en distintos epígrafes del IAE. Eso lo propicia una normativa confusa, con unas denominaciones de actividades que no se adecuan a la realidad social y que, para colmo, establece unos horarios de apertura más amplios que en otras comunidades. Pese a ello, la Junta de Andalucía pretende ampliarlos. La nueva orden que regulará la apertura y cierre de los locales públicos en la comunidad iguala los horarios de invierno y verano, los amplia hasta las cuatro de la madrugada y le pasa la pelota a los ayuntamientos al darles la opción de que puedan reducirlos. El propósito de la Junta de ampliar horarios se produce en medio de una tendencia generalizada a recortarlos. Así lo han hecho las comunidades autónomas más cercanas a la andaluza, como Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, y otras no tan próximas, como Valencia o Canarias, que han simplificado sus normativas -la clasificación de actividades- para facilitar el control del horario de cierre. Otras comunidades, como la de Madrid, siguen los mismos pasos y revisan a la baja la normativa de horarios. Pero además, ninguna comunidad permite que los establecimientos estén apuntados a varias actividades para aprovechar distintos grupos horarios y hacer más negocio a costa del descanso de los demás. El 'botellón'De poco sirve que el Ayuntamiento modifique la ordenanza, amplíe a todo el conjunto histórico la consideración de zonas de saturación acústica o refuerce las actuaciones policiales para evitar 'botellones' si después los horarios de las actividades de ocio son cada vez más abiertos. Esa es la reflexión que ya se han hecho otros ayuntamientos y que Granada no ha planteado formalmente.Otras comunidades no sólo han revisado a la baja los horarios de los locales de ocio, sino que han regulado la práctica del 'botellón', al prohibirlo expresamente o al autorizar a los ayuntamientos a hacerlo. La comunidades de Aragón y de Murcia, por ejemplo, dejan en manos de las corporaciones locales la regulación de la venta y consumo de alcohol en la vía pública. Otras, como Canarias, Cantabria, Castilla y León y Valencia prohíben la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo en terrazas, en lugares debidamente autorizados o en fiestas patronales previa regulación municipal.
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