| Más sobre la sentencia contra el botellón de Sevilla |
Varios peródicos del grupo publican hoy la siguiente
Editorial
'Botellón' y derechos
UNA sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ordenando al Ayuntamiento de Sevilla que combata los efectos nocivos del 'botellón' -concentración callejera de jóvenes consumidores de alcohol-, ha tenido la virtud de situar a los gobiernos municipales frente a su responsabilidad, además de arrojar luz sobre una presunta colisión de derechos.A partir de una demanda vecinal cursada hace cuatro años, el tribunal andaluz fija criterios sobre un fenómeno, el 'botellón', extendido a poblaciones de cierto tamaño y no sólo grandes urbes, recordando la competencia municipal en la protección de los derechos de los vecinos que cada fin de semana son perjudicados en sus propias viviendas por esta forma de 'movida' juvenil. No se trata de una costumbre arraigada en una sociedad que gusta de la vida en la calle, sino de una moda implantada de forma paralela a un incremento del consumo de alcohol en adolescentes contra el que apenas existen medidas eficaces. Y todo ello, favorecido por una errónea permisividad de autoridades locales que, temerosas de enfrentarse a un colectivo de jóvenes y también votantes, toleran esos escenarios de borracheras, algaradas, contaminación acústica y vertederos de residuos varios.
Una cosa -aquí sí se puede hablar de tradición- es la proximidad, siempre conocida, a lugares de festejos populares que alteran esporádicamente la tranquilidad de un barrio o una calle, y otra ser víctima impotente de modas aleatorias que invaden y atropellan la calidad de vida de miles de familias condenadas a la degradación de su derecho al descanso.
El uso de los espacios públicos no se puede reglamentar como el de recintos castrenses, pero sí deben estar sometidos a la educación, la civilidad, el respeto mutuo. Aceptando incluso que el 'botellón' fuera una manifestación de los derechos de reunión y expresión, los oficiantes de ese ceremonial están limitados por derechos objetivos del resto de ciudadanos al reposo, la libre circulación y la salubridad en sus viviendas y aledaños.
El civismo es cosa de todos, individuos, familias, educadores, pero son los gobernantes, en este caso de las administraciones locales, quienes han de velar por su cumplimiento en una misión no sólo represora: sin descartar las sanciones por infracciones cometidas en la vía pública, se debe perseguir con rigor la venta de alcohol a menores y, con el concurso de los propios jóvenes y resto del tejido social, buscar lugares para un esparcimiento barato que no lo sea a costa del bienestar común.
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