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| Más sobre la sentencia contra el botellón de Sevilla |
Moratalla rechaza la 'ley seca' y pide medidas conjuntas contra la 'movida'
El alcalde dice que el Ayuntamiento ha puesto medios para reducir el 'botellón'Se congratula de que los jueces compartan la preocupación de los municipios
El alcalde de Granada y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José Moratalla (PSOE), mostró ayer su rechazó a prohibir el consumo de alcohol en la calle, tal y como han reclamado muchas asociaciones ciudadanas, entre ellas los vecinos que demandaron en 1997 al Ayuntamiento de Sevilla, institución que acaba de ser condenada a adoptar medidas contra 'el botellón' en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara probada la «inactividad» del consistorio hispalense en este asunto.
En opinión del responsable de la FAMP, establecer la 'ley seca' impediría a los jóvenes expresarse libremente, por lo que insistió, una vez más, en la necesidad de tratar de equilibrar el derecho de los jóvenes a divertirse con el derecho de los vecinos al descanso. A su juicio, el problema del 'botellón' radica en el «desmedido» consumo de alcohol entre los jóvenes y en las consecuencias que ello genera.
Abordar el problema
Moratalla vino a decir que, en contra de lo que recoge la sentencia del TSJA sobre la falta de iniciativa del Ayuntamiento hispalense, en Granada se ha abordado el problema «seriamente» y desde diversas perspectivas, y así recordó la puesta en marcha de una ordenanza restrictiva sobre ruidos, el despliegue de la Policía Local, el plan de choque de limpieza en las zonas de la 'movida' y fundamentalmente, las medidas impulsadas desde la Concejalía de Juventud para ofrecer a los jóvenes alternativas al 'botellón'.Como presidente de la FAMP, Moratalla se mostró partidario de que los ayuntamientos apliquen de «manera conjunta» la adopción de medidas contra el 'botellón', en sintonía con lo que recoge el fallo del TSJA, que condena al Ayuntamiento de Sevilla a tomar soluciones.
Moratalla valoró la sentencia porque evidencia que el TSJA comparte con los ayuntamientos «la preocupación» por este fenómeno. Con todo, la decisión judicial será analizada en la próxima reunión de la FAMP en febrero.
En su contexto
Por otro lado, el director general del Instituto Andaluz de la Juventud, Joaquín Dobladez, considera que la sentencia del TSJA, que data de 1997, hay que situarla dentro del contexto de ese año, época en la que -reconoce- los ayuntamientos no habían puesto en práctica ningún dispositivo para atajar o aminorar los efectos negativos de la movida. «Esta sentencia se hace eco de la situación vivida en 1997, y en aquel momento es verdad que no se ponían medidas, pero la fotografía en 2002 ha cambiado y se realizan programas de intervención», afirma.Asimismo, añade que la situación actual es muy distinta y la mayoría de los municipios con más de 50.000 habitantes ofrecen actividades alternativas a los jóvenes. En este sentido, señala que la Junta destinó el pasado año más de 200 millones de pesetas para financiar medidas de este tipo, subvención que recibieron las ocho capitales de provincia así como otras ciudades que sufren este problema. De esta manera, ayuntamientos y Junta, a través del Instituto Andaluz de la Juventud, llevan tres años colaborando a la hora de poder en marcha planes para erradicar los efectos negativos de la 'movida'.
Críticas a la sentencia
Siempre respetando la sentencia, Dobladez la critica y afirma que el fenómeno de la 'movida' es una cuestión de convivencia y no de seguridad ciudadana, «como lo plantea el TSJA». En su opinión, los planes que se elaboren deben ser consensuados con los jóvenes, «de lo contrario nunca funcionarán» y siempre con medidas de carácter alternativo «y no de represión policial».
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