El TSJA advierte a los ayuntamientos de que están obligados a acabar con el 'botellón'

SANDRA FERNÁNDEZ

La decisión judicial exige al ayuntamientos que adopte medidas adecuadas para evitar el ruido, la venta de bebidas alcohólicas en la calle, la utilización de la vía pública como urinario y los daños al espacio público, todo ello -añade- «con una dotación policial adecuada que exija el cumplimiento de las normas en sus estrictos términos». Además, la administración debe vigilar los horarios de cierre y la emisión de ruidos de los bares y vehículos.

Los más perjudicados por el 'botellón', los vecinos de El Arenal, mostraron ayer su satisfacción ante esta sentencia al considerar que se abre una vía de esperanza para que se acabe con este fenómeno de masas. Eso sí, estarán ojo avizor, y ya el presidente de la asociación de vecinos de este barrio, Antonio Fernández López, ha asegurado que si el Ayuntamiento no toma medidas de presión se van a pedir responsabilidades patrimoniales por la vía penal, es decir, daños y perjuicios. Antonio Fernández advierte de que «no tiene otra que hacer» que vigilar que a partir de ahora el ayuntamiento cumpla con sus obligaciones. «Defiendo mi barrio y quiero que se solucione esta papeleta, porque hay un clara dejación de del cumplimiento de la autoridad», afirma.

El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, lejos de sentirse aludido asegura que el Ayuntamiento está haciendo todo lo que está en sus manos para amortiguar los efectos de este fenómeno. «Como alcalde me siento estimulado en el trabajo que ya vengo desarrollando y los servicios municipales se van a sentir especialmente también motivados comprobando cómo la labor que estamos haciendo cuenta con un respaldo más que es el de esta sentencia que dice que efectivamente tenemos que hacer lo que estamos haciendo y que es actuar».

No obstante, el primer edil sevillano reclama un mayor marco legislativo para poder prohibir el consumo masivo del alcohol en las calles, medida que debe venir -afirma - de instancias superior como, por ejemplo, el Parlamento de Andalucía. De no ser así, Monteseirín asegura que tomará la iniciativa buscando el apoyo de otros ayuntamientos del área metropolitana sevillana.

El tribunal reconoce en la sentencia que las medidas impuestas resultan impopulares y pueden tener un coste electoral pero entiende que no hay que olvidar que la administración «como proclama la Constitución» debe servir con objetividad los intereses generales. Según el TSJA, no se trata de ejercer una represión policial, sino de denunciar una y otra vez las infracciones, incomodar y disuadir sin descanso a los jóvenes en sus comportamientos y no favorecer con cortes de tráfico e instalación de vallas estas concentraciones.

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA), Antonio Viruez, afirma que esta sentencia es «un aviso a navegantes» por lo que apunta las distintas administraciones «para que se pongan manos a la obra». A Viruez le consta que diversos colectivos vecinales andaluces han presentado denuncias por el mismo motivo en los juzgados y que otros tantos están estudiando la posibilidad de unirse a esta iniciativa. «Desconozco el número exacto, pero lo que está claro que es un problema que afecta a la mayoría de las ciudades de la Comunidad y hay que atajarlo como sea», señala. El presidente de la CAVA señala que esta decisión judicial supone un gran «palo» para las administraciones locales, que a partir de ahora se verán obligadas a controlar la diversión de los jóvenes en la calle y a velar por el descanso de los vecinos. «Lo cierto es que nos sorprende pero ya era hora de que nos hicieran caso porque se trata de un problema generalizado y que afecta a miles de ciudadanos», señala. Según el TSJA, los derechos de los jóvenes a reunirse encuentran sus límites en los derechos de los demás ciudadanos a la libre circulación, al descanso y a la propia vida, «problemas a los que el ayuntamiento de Sevilla no ha dado respuesta alguna en el caso del Arenal, donde las aglomeraciones hasta el amanecer en sus calles estrechas causan numerosas molestias debido a las voces, ruidos, peleas y actos vandálicos».

En este sentido, el responsable del área de la Juventud de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Sevilla, José Luis Caro, destaca la importancia de esta sentencia que cree que afectará, sin lugar a dudas, a otras ciudades y a otras administraciones. «Lo importante es que ya se acabó mirar hacia otro lado por parte de algunas administraciones y ahora, no solo las municipales porque indirectamete también afecta a las provinciales regionales y estatales, que tendrán que dotar con recursos económicos y legislativos a los ayuntamientos para que se cumpla esta acertada decisión».

El alto tribunal concluye la sentencia afirmando que la movida es un fenómeno sociológico producto de causas heterogéneas que está provocando verdaderos estragos en la sociedad y que, por lo tanto, «existe una responsabilidad de la que no son ajenos los padres, educadores y la sociedad en general». Algo en lo que coinciden todos los afectados, quienes aseguran que la educación es la base para evitar «estos atropellos».

Más noticias de este mes | Último mes | Índice general de noticias
Página principal de ruidos.org