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| Más sobre la sentencia contra el botellón de Sevilla |
Una sentencia del TSJA condena al Consistorio de Sevilla a tomar medidas contra el consumo de alcohol en la calle y los ruidos de aparatos musicales
La Justicia cree que los ayuntamientos están obligados a acabar con el 'botellón'Sandra Fernández
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dará sin duda que hablar, ya que sentará jurisprudencia, pero también acabará con las noches de insomnio que cada fin de semana padecen cientos de andaluces que soportan el fenómeno del 'botellón'. Y es que, por primera vez, el TSJA ha admitido una demanda interpuesta en 1997 por la asociación de vecinos del barrio sevillano de El Arenal, una de las zonas más castigadas por la movida juvenil en la capital andaluza. La sentencia obliga al Ayuntamiento de Sevilla a tomar medidas contra el consumo de alcohol en la calle y contra los ruidos, ya que considera demostrado que la «permisividad e inactividad» de los responsables municipales ante el problema del 'botellón' «contribuye a las molestias que impiden el descanso de los vecinos».El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, lejos de sentirse aludido asegura que el Ayuntamiento está haciendo todo lo que está en sus manos para amortiguar los efectos de este fenómeno. «Como alcalde me siento estimulado al comprobar cómo la labor que estamos haciendo cuenta con un respaldo más que es el de esta sentencia que dice que efectivamente tenemos que hacer lo que estamos haciendo». No obstante, reclama un mayor marco legislativo para poder prohibir el consumo masivo del alcohol en las calles, medida que debe venir -afirma- de instancias superior como el Parlamento andaluz. La decisión judicial recomienda al Ayuntamiento que adopte medidas adecuadas para evitar el ruido, la venta de bebidas alcohólicas en la calle, la utilización de la vía pública como urinario y los daños al espacio público, «con una dotación policial adecuada que exija el cumplimiento de las normas en sus estrictos términos».
El tribunal reconoce que estas medidas resultan impopulares y pueden tener un coste electoral pero entiende que no hay que olvidar que la administración «como proclama la Constitución» debe servir con objetividad los intereses generales.
Aviso a navegantes
El presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA), Antonio Viruez, afirma que esta sentencia es «un aviso a navegantes» por lo que apunta a las distintas administraciones «para que se pongan manos a la obra». Le consta que diversos colectivos han presentado denuncias por el mismo motivo en los juzgados y que otros tantos están estudiando la posibilidad de unirse a esta iniciativa. «Es una problema que afecta a muchas ciudades y hay que atajarlo como sea», señala. El responsable del área de la Juventud de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Sevilla, José Luis Caro, afirma que «se acabó mirar hacia otro lado y el Gobierno tendrá que dotar a los ayuntamientos con recursos económicos y legislativos».Para el alto tribunal la movida es un fenómeno sociológico producto de causas heterogéneas que está provocando verdaderos estragos en la sociedad por lo que «existe una responsabilidad de la que no son ajenos los padres, educadores y la sociedad en general».
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