Las asociaciones, contra el decreto de la Junta

GRANADA CONTRA EL RUIDO

Francisco Morales

Dos asociaciones de vecinos de Granada, otras dos de Málaga y doce de Sevilla, además de Granada contra el Ruido y Juristas contra el Ruido han dirigido a la Consejera de Medio Ambiente un escrito (adjunto) en el que piden la retirada del proyecto de decreto contra la contaminación acústica que, según ha anunciado la Consejera, será aprobado en los primeros días de enero. Según las asociaciones, el proyecto representa , un importante retroceso con respecto a la normativa actualmente vigente hasta el punto de hacer prácticamente inviable la lucha contra el ruido en Andalucía. Piden a la Consejera que se constituya cuanto antes el foro que ella misma anunció el día 16 de abril pasado. En esa fecha la Consejera dijo que 'cuando se ponga en marcha el foro, se darán cita representantes de municipios andaluces, afectados por este problema, técnicos y especialistas, con el objetivo de compartir experiencias, estudiar la problemática y buscar soluciones conjuntas a una situación que se ha convertido ya en un problema que atenta contra la salud pública' En lugar de ello, el proyecto parece haber sido redactado por personas con intereses económicos en el campo de la medición del ruido. Por esta razón, el nuevo reglamento complica los procesos de medición y obliga a utilizar aparatos más caros. Las mediciones han de realizarse por 'expertos cualificados'. El resultado es un mayor coste para ayuntamientos y afectados. En la mayor parte de los casos el coste será prohibitivo, las mediciones no se realizarán y las infracciones quedarán impunes.

Sigue sin definirse el papel de la Policía Local. Este punto refuerza el anterior. En la práctica no se podrán evitar ni perseguir la mayor parte de los ruidos, especialmente los nocturnos. Aparentemente centrado en actividades realizadas en instalaciones fijas y con una emisión de ruido prácticamente constante (el prototipo parece ser las discotecas y análogos), ignora prácticamente la principal fuente de ruido en Andalucía, el causado por los vehículos a motor, especialmente las motocicletas y ciclomotores. Los límites de emisión de los vehículos no se han adaptado a las últimas directivas europeas. El método de medición indicado (copiado literalmente del utilizado para los procesos de homologación) es impracticable. Sigue sin contemplarse el tratamiento de las infracciones cometidas por las propias administraciones, por ejemplo camiones municipales de recogida de basuras, festejos organizados por los ayuntamientos, etc. Tampoco se pone remedio a la inactividad de los ayuntamientos en esta materia, sino todo lo contrario, dados el encarecimiento y complicación de los procesos de medición. Desde que tuvimos conocimiento de este proyecto, hemos realizado diversas gestiones hasta ahora infructuosas, aunque hemos recibido promesas de intervención por parte de algunos diputados pertenecientes a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Andaluz. También nos hemos dirigido al Defensor del Pueblo Andaluz, que está estudiando nuestra queja y cuyas recomendaciones sobre esta materia (contenidas en su último informe al Parlamento) son totalmente ignoradas en el proyecto de reglamento. En palabras D. Joaquín José Herrera del Rey, vicepresidente de la asociación de ámbito nacional Juristas contra el Ruido, 'el proyecto tiene dos perdedores y un rentabilizador... Los perdedores son los vecinos y el Derecho con mayúsculas... El vencedor es el negocio... La medición es la reina... Lo importante no es si una actividad molesta o no sino si se han realizado y pagado 15 certificados, un estudio previo y cuatro informes posteriores'

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