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Alicante, 30/09/2001
El precio de los pisos subirá por el cambio de máquinas para reducir el ruido en las obras
Una ley obliga a los promotores a certificar el aislamiento acústico y a invertir grandes sumas en nuevos equipos
BERNAT SIRVENT
Aún no han levantado la cabeza con las repercusiones económicas de la Ley de Ordenación de la Edificación, que supone incrementar el precio de los pisos una media de 200.000 pesetas, y los agentes del mercado de la vivienda hallan un nuevo motivo de preocupación. El anteproyecto de la ley de contaminación acústica, que las Cortes Valencianas tienen previsto aprobar en las próximas semanas con carácter pionero en España, obliga a los constructores, entre otras cosas, a certificar el aislamiento acústico para poder obtener la licencia y a invertir cifras millonarias en nuevos equipos y maquinaria, que además no existe en el mercado. Los promotores ya pronostican un importante aumento del precio de vivienda. La norma la ha aprobado ya el Consejo de Medio Ambiente.La Ley de Protección contra la Contaminación Acústica, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado viernes por el Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente y que el conseller del ramo, Fernando Modrego, prevía aprobar antes del pasado verano se adivina como un nuevo elemento inflacionista en el mercado de la vivienda. Al menos, así lo prevén los promotores y los constructores de pisos alicantinos.
Esta norma, que establece un régimen sancionador con multas administrativas de hasta 10 millones de pesetas, obliga a los constructores de vivienda y a los de cualquier otro ramo de la edificación a presentar un exhaustivo certificado de aislamiento acústico como requisito previo e imprescindible para obtener la licencia de primera ocupación. Otro de los preceptos que afecta directamente en los constructores es el empleo de maquinaria de obra cuyos niveles de emisión sonora no excedan de los 90 decibelios medidos sólo a cinco metros de distancia de donde se estén ejecutando los trabajos, siempre y cuando se trate de la vía pública en zonas urbanas consolidadas.
Los empresarios del sector de la edificación de viviendas confían en las bondades que inspiran la nueva normativa, pero no ocultan su escepticismo sobre el nivel de cumplimiento y sobre las repercusiones económicas que llevará aparejadas su aplicación práctica. El gerente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia), Jesualdo Ros, informa de que han tenido acceso al anteproyecto de la nueva ley a través del Consejo Económico y Social de la Comunidad, como ente que debe realizar un dictamen no vinculante sobre la normativa.
«Enorme repercusión»
Los promotores de vivienda están convencidos de que esta ley tendrá enorme repercusión en el sector y por ello, en plena tramitación de la norma en las Cortes Valencianas, se han aprestado a solicitar a la Conselleria de Medio Ambiente un informe económico y técnico sobre la incidencia de la aplicación de la Ley de Protección contra la Contaminación Acústica en el sector, según Jesualdo Ros.Los promotores de vivienda quieren que la conselleria que dirige Fernando Modrego aclare de manera pormenorizada dos extremos. Primero, si existe en el mercado español y de la provincia suficiente maquinaria y equipamiento utilizado en la construcción para hacer frente a la demanda que se vaya a producir con la entrada en vigor de la ley. Segundo, la repercusión económica media que tendrá la aplicación de la norma en cada uno de los subsectores de la construcción afectados.
Antes de recibir ese informe, que ha sido solicitado formalmente hace sólo unos días a través de la patronal alicantina Coepa, los promotores de vivienda ya avanzan alguna conclusión. Según Ros, en la actualidad no existe suficiente maquinaria en el mercado alicantino para hacer frente a los impactos sonoros y evitar de esa manera emisiones por encima de los 90 decibelios en un perímetro de cinco metros desde el foco de la obra en la vía pública de zonas urbanas reconocidas.
La patronal inmobiliaria Provia opina que cualquier motor o grupo de presión y electrógenos de los utilizados en el sector de la construcción hasta la fecha, en trabajos de edificación de viviendas o de obra pública en general, superan en este momento los índices sonoros que impone la futura ley de la Comunidad. Confían en que se flexibilicen los términos de la ley.
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