Los ayuntamientos se ven indefensos para luchar contra el ruido de los bares

Los alcaldes convocan unas jornadas para recabar asesoramiento de jueces y técnicos

M. J. MONTESINOS

Los problemas que genera el botelleo, la práctica de los jóvenes de consumir bebidas alcohólicas en la vía pública, y la polémica sentencia, pionera en España, que obliga al Ayuntamiento de Cartagena a indemnizar a una familia de Cabo de Palos por las molestias de los bares y pubs de la plaza del Chinchorro, centró ayer la reunión de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, que presidió el alcalde de Murcia.

Cámara asegura que «la preocupación de los ayuntamientos no es de tipo económico, por el hecho de las reclamaciones que pudieran surgir al hilo de esta sentencia pionera, sino la falta de medios legales para hacer frente a la situación». Los problemas se agudizan en los municipios costeros, donde hay bares de copas a los que cuando les llega la notificación de sanción o cierre por parte del ayuntamiento, ya no existen y, al año siguiente, en el mismo lugar, hay otro local distinto.

«Las molestias –añade Cámara– no siempre se producen en los bares, sino que vienen dadas por la propia aglomeración de gente en la calle y es difícil para un ayuntamiento dirimir cuándo se ha superado el volumen permitido».

Así las cosas, la Federación de Municipios acordó ayer crear una ponencia en la que podrán integrarse los ayuntamientos que lo deseen –tanto políticos como técnicos– para redactar un documento que refleje la situación actual, los problemas y las posibles soluciones.

Asimismo, los alcaldes de la Región decidieron ayer celebrar unas jornadas con participación de técnicos de otras administraciones, expertos y magistrados y jueces, con el fin de recibir asesoramiento. «Queremos hacer un análisis de la situación –manifestó Cámara– e incorporar las opiniones de expertos en leyes y jueces».

En este sentido, el alcalde de la capital se refirió a que la ordenanza de Murcia contra el botelleo –que está recurrida por la oposición, como se encargó de recordar la alcaldesa de Cartagena– «permite controlar, aunque no terminar, con las concentraciones en la calle». El primer edil recordó que la ordenanza permite a la Policía Local actuar para denunciar a los jóvenes y requisar la bebida siempre que haya un consumo de alcohol en la calle, pero no hay ninguna norma que prohíba a 200 jóvenes reunirse en una plaza o en un jardín». La situación se complica cuando la diversión de esta gente entra en colisión con el derecho al descanso de los vecinos de la zona.

Miguel Ángel Cámara incidió en que «es un problema de difícil solución, que no es privativo de la ciudad de Murcia ni de la Región, sino que afecta a todo el área mediterránea, especialmente a las ciudades del arco comprendido entre Castellón y Andalucía». «Nos enfrentamos a un nuevo fenómeno social y con muchas dificultades de encaje desde el punto de vista legal», añade.

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