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Murcia, 11/11/2001

Las repercusiones de la sentencia sobre los ruidos llegan a toda España

La vecina que tendrá que ser indemnizada, María Cristina Martín, muestra la sentencia del TSJ de Murcia
La vecina que tendrá que ser indemnizada, María Cristina Martín, muestra la sentencia del TSJ de Murcia
Setenta vecinos de Badajoz han pedido ya una indemnización de 150 millones por los daños por el ruido
Asociaciones de Valencia, Canarias, Andalucía y Extremadura quieren seguir los pasos de los denunciantes murcianos La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, tienen razón: el problema de los ruidos originados en las zonas de copas es común en muchos municipios. Así ha quedado patente con las numerosas llamadas que se han recibido en este periódico desde todas partes de España desde la publicación, el pasado miércoles, de la información acerca de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en la que se condena al ayuntamiento de Cartagena a indemnizar con un millón de pesetas a un matrimonio por los daños ocasionados por los ruidos procedentes de la zona de copas de Cabo de Palos. Asimismo, se obliga al Ayuntamiento a pagar anualmente 1,8 millones mientras persistan los ruidos.

Las repercusiones que puede tener el fallo judicial han llegado a toda España, de norte a sur y de este a oeste. Así, a este periódico han llamados portavoces de colectivos vecinales afectados por problemas similares de contaminación acústica de municipios tan lejanos entre sí como Gandía (Valencia), Tenerife, Cádiz o Badajoz. Estas asociaciones vecinales o bien mantienen ya litigios con los ayuntamientos de sus municipios o bien están iniciando los trámites para presentar demandas judiciales. La demanda de información no sólo ha llegado a este periódico sino que en el propio despacho de José Luis Mazón, el abogado que defendió los intereses del matrimonio que tendrá que ser indemnizado, el teléfono no ha dejado de sonar. "Llevamos diez años luchando contra el ruido insoportable que se genera en la zona de copas de Gandía y estamos ya iniciando los trámites para denunciar al Ayuntamiento; con la sentencia que se acaba de dictar en Murcia se nos abre el camino a seguir". Álvaro Sánchez Martínez, un portavoz vecinal de la zona afectada en la población valenciana señala que son cuatrocientas las familias que sufren en ese municipio la contaminación acústica originada en el entorno de los cerca de veinte bares de copas instalados junto a sus casas. Según dice, el Ayuntamiento no sólo no hace nada sino que incluso permite cortar las calles al tráfico con el fin de que los clientes de los bares puedan estar en la vía pública. El interés de Sánchez Martínez en conocer el texto de la sentencia dictada en Murcia radica en poder seguir los pasos que han llevado los dos denunciantes propietarios del piso de Cabo de Palos.

En la ciudad de Badajoz hace ya años que se constituyó la Asociación para la Defensa de la Vida Ciudadana Puerta del Pilar, que nació con el objetivo principal de acabar con las molestias originadas por los ruidos de la zona de copas. María

Concepción Ramírez explicaba a esta redacción que son más de setenta los vecinos que han decidido sumar sus fuerzas y presentar una demanda en lo contencioso administrativo. En este caso, la actuación de los vecinos extremeños ha sido similar a la de los denunciantes murcianos: demandar directamente en los tribunales al ayuntamiento, al que acusan de no hacer cumplir sus propias ordenanzas. La indemnización que piden es, sin embargo, muy superior a la que exigían los propietarios del piso de Cabo de Palos, ya que, según señaló la presidenta de la asociación, los vecinos pacenses han exigido que se les pague 150 millones de pesetas por los daños ocasionados. En este caso, sin embargo, existen algunas diferencias respecto al caso murciano, ya que el problema en Badajoz no está motivado por los ruidos procedentes del entorno de una zona de bares, sino que la contaminación acústica se origina en una calle (la calle de la Bomba) donde se reúnen cientos de jóvenes para hacer botelleo. Los tribunales extremeños todavía no han dictado una sentencia al respecto.

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