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Murcia, 10/11/2001
Los ayuntamientos se enfrentan a una posible 'sangría económica' por el ruido de los bares
La sentencia contra el consistorio cartagenero abre la puerta al pago de indemnizaciones a los vecinos
F. C. • MURCIA
Han sido ocho años de desilusionante papeleo contra los ruidos de los bares de Cabo de Palos los que Cristina Martín ha dedicado a«defender mi derecho a descansar». Han tenido su recompensa: una sentencia pionera en España que obliga al Ayuntamiento de Cartagena a pagarles 1,8 millones al año mientras sigan las molestias y un millón por los daños morales que el matrimonio y sus hijas han sufrido. El fallo judicial abre el camino a centenares de vecinos afectados por los ruidos de los locales de marcha para demandar a sus respectivos ayuntamientos.José Luis Mazón, el abogado del matrimonio, asegura que se trata de una sentencia «pionera y revolucionaria desde el punto de vista de las obligaciones de los ayuntamientos en la protección del vecindario frente a los ruidos de bares, pues responsabiliza a la propia administración municipal cartagenera de no aplicar las normas de protección frente a ruidos». El abogado calcula que el aluvión de demandas se registrará en unas semanas, «cuando las comunidades de propietarios, que suelen denunciar en común, se pongan de acuerdo».
Tapones en los oídos, las ventanas cerradas a la brisa del verano, un lexatín en el cuerpo y mucha rabia. No parecen los mejores complementos playeros para pasar el mes de vacaciones, pero, son los que han acompañado a Cristina Martín y a su familia desde 1994, cuando «con los ahorros de toda la vida y mucha ilusión», compraron el apartamento de sus sueños.
El mismo que se convirtió en una pesadilla cuando comprobaron que los ruidos, música y gritos de los bares y pubs de la plaza del Chinchorro no les dejaban dormir, hacían temblar los cristales y provocaban vibraciones «capaces de triturar el cemento de las baldosas del suelo y despegarlas, era de locos». Sentencia en mano, Cristina relata su caso con la satisfacción de «que se han reconocido mis derechos y esto ayudará a más gente». Hasta ahora, el apartamento le había dado menos alegrías de las planeadas. «Vendimos nuestra casa de Madrid y decidimos trasladarnos a Murcia muy contentos con la idea de pasar los fines de semana en la playa». El problema de decibelios no tardó en dar la cara. «Bajaba –su casa está encima de uno de los locales– muchas noches a hablar con los dueños de los pubs, pero no me hacían caso. Decidí empezar con el papeleo y envié denuncias al ayuntamiento, la policía, el tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, la Delegación del Gobierno...».
Por el camino quedaron la depresión de su esposo, los veranos de alquiler en una playa de Valencia, los viajes de vuelta a Murcia entre los llantos de Cristina «por no poder disfrutar de mi casita»
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