POLÉMICA

Cámara quiere llevar al Congreso el problema de los ruidos de los bares

El alcalde asegura que la situación es similar en Cartagena, Murcia, Sevilla o Granada

Los ayuntamientos carecen de los instrumentos necesarios para acabar con el ruido del entorno de las zonas de copas, por lo que la solución a este problema debe partir del propio Congreso de los Diputados. Esta es al menos la opinión de Miguel Ángel Cámara, el alcalde de Murcia que, a la vez, preside la comisión nacional de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios y Provincias.

El primer edil murciano coincide con la opinión expresada por la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, en cuanto que el problema de la contaminación acústica no es exclusivo de su municipio, sino que se trata de algo generalizado. En este sentido, Cámara indicó que posiblemente sean las propias condiciones climáticas del mediterráneo y el sur de España las que favorecen la presencia de gente en las calles en los lugares de copas de las zonas señaladas, con las consiguientes molestias a vecinos. Así, señala, encontramos este mismo problema en Cartagena, Murcia, Sevilla o Granada.

Ante esta situación, Cámara considera coherente la opción manifestada por Barreiro, de plantear en la propia Federación de Municipios el debate surgido tras la condena al ayuntamiento de Cartagena a indemnizar a los propietarios de una vivienda de Cabo de Palos por los daños ocasionados por el ruido de los bares. "La propia legislación no contempla mecanismos eficientes para atajar este problema", señala Cámara, que plantea la posibilidad de llegar a un consenso en el seno de la Federación con el fin de trasladar posteriormente una petición formal al Congreso de los Diputados encaminada a otorgar a las administraciones locales una mayor capacidad normativa. El alcalde explicó que los instrumentos requeridos no se refieren tanto a la posibilidad de controlar los ruidos procedentes de los bares de copas, sino a los que se generan en su entorno, ya en la vía pública. En el caso de la contaminación acústica originada en los bares, hay ya medidas como la retirada de la licencia en caso de que no cumplan con determinados requisitos, como un volumen máximo en la música o un horario de cierre.

En el caso del ruido procedente de las calles, la complicación es mayor, según Cámara, pues no es sencillo establecer un límite a partir del cual ya se pueda hablar de escándalo público. En este sentido, añade, los Ayuntamientos se encuentran enfrente con un vacío legal.

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