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Santiago, 9/11/2001
EN SANTIAGO SE REGISTRARON 656 DENUNCIAS ENTRE LOS AÑOS 2000 Y 2001 POR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LOCALES Y PISOS

La justicia empieza a multar a ayuntamientos por los ruidos en las zonas de bares y pubs

El caso sienta un nuevo precedente

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia es pionera en España, ya que es la primera vez que se responsabiliza totalmente a un Ayuntamiento de los daños morales ocasionados a los afectados por los ruidos procedentes de las calles o los locales nocturnos. Según expertos consultados por este periódico, esta sentencia no sentaría jurisprudencia propiamente dicha. Para que esto ocurra, tienen que dictarse dos fallos iguales sobre cuestiones de similar naturaleza en el Tribunal Supremo.

No obstante, el caso del Ayuntamiento de Murcia sí sienta precedente, ya que los argumentos esgrimidos por la acusación a la hora de situar a la administración local como responsable podrían ser utilizados por la acusación y considerarse válidos a la hora de emitir una sentencia en un juicio similar que se pueda celebrar en tribunales de otras comunidades.

Fuentes del PP, que piden la creación de un cuerpo de Policía Ambiental, no descartan que puedan darse casos similares en Santiago, aunque optaron por la prudencia al afirmar que son muchos factores en juego, aunque recalcaron que es indiscutible que la función de velar por el cumplimiento de las ordenanzas es del Ayuntamiento.

La contaminación acústica es una pesadilla para muchos vecinos, que no pegan ojo debido al insoportable ruido en calles, bares y pisos. En esa situación se encontraba un matrimonio que acaba de ganar un juicio en el Tribunal Superior de Murcia. Una sentencia pionera, ya que el condenado es el Ayuntamiento de Cartagena. Si este caso, que sienta precedente, se aplicara en Compostela, cuya media es de una denuncia diaria por ruidos, las arcas municipales se verían seriamente afectadas, ya que la indemnización roza los dos millones de pesetas al año.

El ruido que produce la presencia de jóvenes en las calles en las noches de movida, la música de los pubs o las fiestas en pisos lleva años centrando agrios debates entre hosteleros, vecinos, administración local y la propia Delegación del Gobierno, que es la que fija los horarios de apertura de los establecimientos.

Concretamente, hay un grupo de calles en el Ensanche y el casco viejo que se llevan la palma en cuanto a contaminación acústica. El carácter de ciudad universitaria de Santiago no hace más que agudizar el problema, ya que al ruido en las calles y en los pubs y discotecas hay que añadir los escándalos que provocan muchos jóvenes en las tradicionales fiestas en pisos.

Según datos facilitados por la Concejalía de Seguridad Ciudadana, el año pasado se registraron un total de 384 denuncias por molestias ocasionadas por contaminación acústica, de las cuales 19 eran a locales nocturnos y el resto por las botelladas en viviendas. En cuanto a las denuncias registradas en 2001, se elevan a 272, seis de ellas por molestias procedentes de establecimientos. Sin ir más lejos, la Policía Local informó ayer que esta semana había detectado en la zona del Ensanche dos locales de hostelería incumpliendo el horario de cierre, a los que se les abrieron sendos expedientes.

Hasta este momento, a la hora de depurar responsabilidades todas las instancias implicadas se lanzaban la pelota unas a otras. Los hosteleros indicaban que el problema no estaba en sus locales, sino en las calles, ya que los jóvenes sacaban las consumiciones a la calle, o incluso portaban sus propias provisiones, y protagonizaban los escándalos cuando se movían de un pub a otro. El Ayuntamiento, que es el encargado de hacer cumplir las ordenanzas en cuanto a ruido —insonorización de locales, desórdenes públicos o sanciones— instaba a la Delegación del Gobierno a que hiciera cumplir los horarios de cierre, desviando así su responsabilidad al Estado. Incluso llegó a ponerse en entredicho la actividad comercial de los cada vez más de moda establecimientos de 24 horas.

Sin embargo, la sentencia que ha fallado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia podría suponer un antes y un después en la regulación de la contaminación acústica. Y es que, según entiende esta instancia judicial, el máximo responsable de las molestias ocasionadas a un matrimonio que reside en una calle de Cartagena en la que se ubican numerosos bares es el propio Ayuntamiento de la ciudad. En la sentencia se responsabiliza a la administración municipal de no aplicar las normas de protección contra los ruidos. Por este motivo, la condena a abonar a los afectados 1.800.000 pesetas anuales mientras exista la perturbación, cantidad que equivale al alquiler del apartamento en el que reside el matrimonio.

Teniendo en cuenta el precio al que se cotizan las viviendas en Compostela, si empiezan a llegar a las manos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia demandas de este tipo y se falla en favor de los afectados, los inquilinos de Raxoi verían vaciarse las arcas municipales.

Y es que en Compostela ya existen calles que reciben el dudoso título de zonas de saturación acústica. Así, las Algalias, la rúa Calderería, Virxe da Cerca y la rúa da Troia serían las más conflictivas del casco viejo. Mientras tanto, en el Ensanche se llevan la palma en cuanto a contaminación acústica dos calles emblemáticas en el mundo universitario: Santiago de Chile y Fernando III el Santo, en las que se existen numerosos piso de estudiantes, así como la Avenida de Vilagarcía, la calle Nueva y Santiago de Lestero, donde se concentran muchos locales en las conocidas galerías.

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