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Murcia, 8/11/2001
Condenan a un ayuntamiento murciano a pagar 1,8 millones a un vecino por los ruidos de bares
AGENCIAS - Murcia
La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia condenó al Ayuntamiento de Cartagena a abonar a un matrimonio, vecino de una zona de copas de Cabo de Palos, con 1,8 millones de pesetas anuales "hasta que cesen los ruidos en el enclave, donde concurren numerosos bares, y que es conocido como zona de movida".El abogado José Luis Mazón informó ayer de que se trata de una sentencia "pionera y revolucionaria desde el punto de vista de las obligaciones de los ayuntamientos en la protección del vecindario frente a los ruidos de bares, pues responsabiliza a la propia administración municipal cartagenera de no aplicar las normas de protección frente a ruidos". La sentencia "impone (al citado ayuntamiento de Cartagena) a indemnizar con el equivalente al alquiler durante todo el año del apartamento hasta que cesen las perturbaciones".
Mazón recuerda que en España, un país con tradición de permisividad sobre ruidos, "existen miles de afectados por problemas de acumulación de bares que provocan ruidos excesivos e impiden o dificultan el descanso nocturno". Según el letrado, la sentencia del TSJ de Murcia abre la posibilidad de reclamar directamente contra el Ayuntamiento "por no ejercer debidamente la función de policía ambiental".
Sin opción a recurso
La sentencia también impone al Ayuntamiento un pago por una sola vez de un millón de pesetas en razón del "daño moral causado por visitas al psiquiatra derivadas de no poder conciliar el sueño el demandante y el estado de nerviosismo generado".La sentencia, de fecha 2 de noviembre de 2001, contra la que no cabe recurso alguno, está pendiente de una aclaración presentada por los demandantes para que se fije la fecha de efectos de la indemnización continuada de 1,8 millones de pesetas.La demandante, Cristina Martín Gil, dijo a Efe que llevaban presentando denuncias por los ruidos ante la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cartagena desde 1994, fecha en la que adquirieron el apartamento y en la que "sufrieron los primeros problemas de ruidos". La denunciante agregó que desconocen el número exacto de quejas presentadas desde esa fecha "pero han sido innumerables y ante distintos organismos como la Asamblea Regional de Murcia y el tribunal europeo de Derechos Humanos, entre otros"."Nos ha costado mucho tiempo y mucha dedicación, porque de esa forma no se podía vivir en casa", dijo la denunciante.
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