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Segovia, 15/3/2001
Piden 50 millones de indemnización por los ruidos del pub Maki
La denuncia se dirige contra el Ayuntamiento de Ayllón, la Junta y el local
Exige el cierre del establecimiento y que se revoque la licencia concedida
 Tomás Quintana, a la derecha, junto a su abogado y otra afectada, ante la Audiencia / ANTONIO DE TORRE |
El local en que se ubica el pub es colindante con la vivienda del denunciante, en la que tiene su sede la Asociación Segovia Contra el Ruido que dirigen su hija y su yerno y que surgió precisamente para combatir aquellos casos similares que se dan en la provincia.
En su denuncia a la Dirección General de Calidad Ambiental de la Junta, que no fue respondida, el abogado Jorge Pinedo afirma que desde la apertura del pub «la convivencia, la salud y la calidad de vida de mis representados se han visto afectadas muy negativamente, debido al tremendo ruido procedente del local», cuya actividad «irregular» asegura que es consentida por el Ayuntamiento y la comunidad autónoma de Castilla y León.
Situación indigna
«La situación en la que se ha visto inmersa la familia Quintana en estos siete últimos años es absolutamente incompatible con la dignidad del ser humano y con la Declaración Universal de Derechos Humanos», dice el abogado, quien señala que el exceso de ruido del local les ha causado falta de descanso, estrés y un deterioro de la salud.La demanda da cuenta de las reiteradas denuncias de los vecinos afectados ante las administraciones local y regional, cuya actitud califica de «extraña y anómala», además de «negligente y temeraria».
Desamparo administrativo
«La pasividad de las administraciones competentes condenó a los recurrentes al más absoluto desamparo administrativo, impidió el descanso, el estudio y el disfrute de la intimidad familiar y del propio domicilio, además de causar daños a la salud de la recurrente y a su propio patrimonio», asegura el texto que fue remitido a la Junta.La demanda solicitaba el cierre inmediato y cautelar del local Maki, que se dejase sin efecto la licencia concedida y que se procediera a su revocación y, por último que se hiciese efectiva una indemnización de 50 millones de pesetas a los afectados por los daños y perjuicios causados, «por tan negligente actuación» de las administraciones públicas y la «conducta dolosa» de los propietarios del pub.
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