Ruido, la plaga invisible

Cruzada contra el ruido

Blanca Torquemada

Arrecian las movilizaciones ciudadanas contra la «tortura» de los decibelios

Si el goteo de un grifo averiado puede llegar a romper los nervios de cualquiera que intente conciliar el sueño, qué decir de los cíclicos y atronadores despegues de un reactor, de un «botellón» de quinceañeros apostado bajo la ventana, de un martillo neumático o de unos músicos andinos con potente amplificador y escaso repertorio. El ruido no es sólo una circunstancia, sino una azada siniestra que va socavando la calidad de vida y la salud. Un agente contaminante tan pernicioso como el monóxido de carbono. Esta realidad, obvia para quien la padece, pasa generalmente inadvertida en una sociedad que vocea a todo pulmón y conduce a bocinazos. Por eso España ocupa un poco halagador primer puesto europeo en número ciudadanos víctimas del bullicio (el 50 por ciento de la población está expuesto a más de 65 decibelios, un nivel peligroso), situación que comparten las aparentemente más sosegadas Inglaterra, Holanda y Bélgica.

Sorprende la ausencia en esta «pole position» de otros países mediterráneos, y especialmente de Italia, pero así son los datos arrojados por la estadística y facilitados a este semanario por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En España, según recuerda a este semanario Ignacio Sáenz, vicepresidente de la Plataforma Estatal de Asociaciones Contra el Ruido y las Actividades Molestas, «no existe ley nacional sobre ruidos. Sólo un borrador manifiestamente mejorable que duerme en un cajón y que no verá la luz en esta legislatura».

Sáenz representa a un creciente colectivo de ciudadanos hastiados y dispuestos a rebelarse, porque en los últimos años se está quebrando en España la tradicional tendencia a la resignación ante un local público ruidoso, una fábrica tonante o ante los vagidos de una autopista. Los movimientos en favor del silencio ambiental se multiplican y hoy, con gran vigor cívico, 62 de ellos actúan agrupados en esta Plataforma. El organismo basa todas sus reivindicaciones en la propia Constitución, en la que, recuerdan, «se recogen los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, a la salud y al descanso». La vulneración por vía decibélica de estos pilares esenciales de la calidad de vida afecta, en unas ocasiones, sólo al infortunado vecino a quien instalan un «pub» bajo su casa y, en otras, a colectivos multitudinarios, como el millón y medio de personas que soporta el fragor nocturno de los aeropuertos de Madrid y Valencia.

Un hecho puntual promovido por un particular, precisamente en Valencia, había alimentado las esperanzas de los ciudadanos afectados por la contaminación ambiental, quienes esperaban que la iniciativa prosperara y se convirtiera en un «antes» y un «después» en la lucha contra la agresiva y lacerante intromisión del ruido en los hogares. Pero las expectativas se han desmoronado. Pilar Moreno, profesora y fotógrafa, tuvo el infortunio de que bajo su vivienda se instalara «Ágora», la discoteca más ruidosa de la urbe, en los aledaños de la plaza de Xúquer, epicentro de la «movida» juvenil de la ciudad del Turia. Como explica su abogado, Andrés Morey, «la situación era insostenible, ya que en estos casos no valen las ordenanzas municipales y su política de sanciones. Estos establecimientos ganan tanto dinero que la penalización económica no les importa lo más mínimo». De ahí que el letrado optara por elevar recurso de amparo al Tribunal Constitucional, una vez desechada la vía del recurso de casación ante el Supremo «porque la reclamación económica no es importante».

Decepción constitucional

Sobre por qué en un barrio castigado de forma inmisericorde por el ruido sólo una persona se ha lanzado a la arena judicial en busca de justicia y descanso, Morey lo tiene muy claro: «Esta mujer se decidió porque la falta de sosiego ya le estaba minando la salud y llegó a enfermar seriamente. Lo cierto es que toda su finca la apoya, y también otros muchos vecinos. Lo que ocurre es que la gente se retrae a la hora de llegar a los Tribunales, porque les imponen respeto, porque cuesta dinero y porque ciertos empresarios de ocio no juegan limpio. El asunto es muy serio. Aquí ha habido hasta amenazas de muerte contra los ciudadanos que se han quejado». Según el abogado, «la discoteca está ahora cerrada, pero todo es pura apariencia, ya que el promotor mantiene alquilado el local, para volver a abrir en cualquier momento. Se trata de un personaje peculiar a quien han interpuesto una decena de demandas y las tiene todas recurridas porque está forrado. Le compensa incumplir la normativa y que le denuncien. Esto es lo grave y es lo que está sucediendo en todas las ciudades de España. La ley no castiga lo suficiente, y, por tanto, no resulta disuasoria».

Otro proceso judicial que trajo luz a las expectativas de los ciudadanos martilleados por los decibelios fue la sentencia dictada el pasado mes de febrero por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, favorable a la demanda de la comunidad de vecinos del inmueble del número 48 de la calle Duque de Sesto, que durante año y medio soportó el estruendo y el polvo de una obra en el inmueble vecino. El fallo judicial consideró que la constructora, FCC, no había respetado las elementales medidas preventivas para limitar la contaminación acústica y, en consecuencia, la condenaba a indemnizar a los vecinos con dos millones y medio de pesetas. Santiago Martín, que vive en esta finca, explica a Los Domingos de ABC cómo, sin embargo, todavía no pueden cantar victoria: «No nos ha llegado un duro porque, lógicamente, la constructora ha recurrido al Supremo y la sentencia, por tanto, no es firme. Pero sí es cierto que, en su día, constituyó una honda satisfacción, después de tantos meses de padecimientos». Martín comenta que «muchos de los vecinos son mayores, y, aunque no se puede decir que enfermaran por los ruidos, sí es cierto que la obra coincidió con dolencias de algunos de ellos e hizo más penosa su convalecencia».

Dentro de este amplio muestrario de víctimas del ruido, los habitantes de barrios aledaños a los aeropuertos forman un grupo diferenciado y especialmente representativo. Son, además, los más beligerantes, amparados en su importancia numérica y en la cómoda distancia burocrática del «monstruo» AENA. No es lo mismo enfrentarse desde un amplio colectivo a un organismo oficial que como particular a algún matón de discoteca. Por ello Óscar Vega, de la Plataforma contra el Ruido de los Aviones de la Ciudad Santo Domingo, en Madrid, ya puede hablar, afortunadamente, de algunos logros para la solución de su problema: «Todo empezó con la construcción de la nueva pista de Barajas -relata-. Con ella, cambiaron las rutas aéreas y los aviones empezaron a pasar prácticamente al ras de nuestros tejados. Nada menos que seiscientas aeronaves al día. Después de muchas movilizaciones hemos conseguido que instalen un radiofaro que desvía los aviones y evita su paso por las urbanizaciones de la zona. Pero esto sólo es válido con unas determinadas condiciones atmosféricas. Cuando se produce la denominada «configuración sur», lo que sucede aproximadamente un 30 por ciento de los días, la ruta aérea vuelve a ser ésta». Vega intenta también sensibilizar sobre las insidias que afrontan los ciudadanos sometidos a la dictadura del ruido: «Muchas veces tenemos que soportar el comentario de "pues no haberte ido a vivir ahí", sin que la gente tenga en cuenta que casi siempre la invasión acústica llega después. Muchos, por ejemplo, nos hemos hipotecado hasta las cejas por escoger un tipo de vida como éste, en una zona residencial tranquila. Y, de repente, te imponen este martirio por decreto». Queja que suscriben por completo los vecinos de otro barrio madrileño, la Alameda de Osuna, donde, según miembros de la asociación Pijamas en Acción, «la vida nos cambió de golpe el día en que decidieron instalar junto a nuestros bloques unos nuevos hangares. Para demostrar lo que estábamos pasando, grabamos en varios "cassettes" el ruido de los aviones al "aparcar" y los pusimos en marcha junto a las oficinas de AENA en Barajas, porque algunos son como Santo Tomás, y si no lo ven -en este caso oyen- no lo creen».

Deterioro de la salud

Pero los efectos van más allá: existe certeza científica de que produce pérdida de audición, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, retraso en el aprendizaje, irritabilidad, agresividad, absentismo y descenso del rendimiento laboral, modificaciones del ritmo cardíaco y del aparato digestivo e insomnio y todo tipo de alteraciones del sueño». En este mar de secuelas perniciosas, la ciencia revela además que no es cierta la aseveración frecuente de que al ruido se acostumbra uno: «En estudios realizados -dice Isabel Barrio- entre niños sometidos a niveles elevados de ruido se ha comprobado que las dificultades de aprendizaje eran mayores para los de cursos superiores que para los pequeños, lo que revela que el incremento del tiempo de exposición siempre agrava los efectos. Es acumulativo». Para Isabel López Barrio, «resulta impresentable que la variable ruido sea absolutamente ignorada en la planificación urbanística. Ningún municipio la tiene en cuenta».

Los sistemas de medición del ruido ambiente son otra fuente de controversia entre las Administraciones y los ciudadanos afectados porque, como recuerda Óscar Vega, de la plataforma vecinal de la Ciudad Santo Domingo, «los técnicos a los que la Administración encarga este cometido registran "valores medios" de decibelios, con lo que nunca llegan al fondo del problema. Esa media nunca contravendrá la normativa un día en que pasan tres aviones por encima de tu vivienda, porque el resto de la noche transcurre en silencio. Pero las tres veces que pasan ya te han despertado y te han arruinado el descanso». Esta atinada apreciación nos remite de nuevo a las explicaciones de la doctora López Barrio sobre la importancia de la «percepción subjetiva» del ruido por encima de las rutinarias mediciones administrativas.

Por ello, Madrid, catalogada por algunos expertos como la ciudad más ruidosa de Europa, está a punto de poner en marcha una curiosa iniciativa, proyectada con el fin de que la administración tenga constancia real de los niveles de ruido en diferentes ámbitos urbanos. Para ello, según explica a este semanario Adriano García Loygorri, el concejal de Medio Ambiente, se pertrechará a unos doce voluntarios con un pequeño chip que tendrán que llevar encima a lo largo de todo el día, mientran descansan, trabajan o van por la calle. En paralelo a este «Gran Hermano» acústico, se encuestará a los ciudadanos para tener en cuenta sus consideraciones y poder establecer los «umbrales de molestia».

El impune «botellón»

Esa mentalización colectiva, si llega, se producirá tarde, para muchos. Por ejemplo, para Juan Carlos Mora, presidente de la Plataforma Estatal contra el Ruido y las Actividades Molestas y de la Asociación de Vecinos del madrileño Barrio de las Letras (calle Huertas y adyacentes, en plena «movida»), quien desconfía «total y absolutamente» de la nueva ordenanza municipal. Cree que no reducirá ni un ápice el escándalo nocturno de una zona «de la que se ha tenido que marchar la mitad de la población en los últimos 25 años», por lo que sospecha que «en la actitud vergonzosamente permisiva de los Ayuntamientos quizá subyace el inconfesado deseo de que el centro de las ciudades "se americanice" y quede reducido a zona de servicios. Pero olvidan que de esta manera se conculcan derechos fundamentales, como la libre elección del lugar de residencia». Porque el vaso de la paciencia ya se ha desbordado, entre los que abominan del comodín verbal de moda entre los políticos («se tiene que conciliar el derecho al descanso con el derecho al ocio») mientras el ruido les arranca el sueño a jirones.

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