Botelleo y voluntad política

Mª TERESA GONZÁLEZ-ADALID CABEZAS

Es triste que la preocupación de alcaldes y concejales, a tenor de las declaraciones recogidas en los medios de comunicación, se circunscriba a la repercusión que la sentencia y otras del mismo estilo puedan tener para las arcas municipales. No parece importarles que el exceso de ruido y las molestias que ocasionan la actividad de algunos bares y el botelleo son de tal calibre que muchas personas han tenido que desistir de disfrutar la casa en la que han invertido sus ahorros, y, en algunos casos, han necesitado incluso tratamiento psiquiátrico. Quizá porque los dineros municipales les preocupan más que la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos. Quizá porque los ruidos y molestias que se producen en las llamadas zonas de movida constituyen un problema difícil de resolver, o que políticamente no interesa.

Hay cierta complacencia política y social hacia estos temas y bastante más hacia el botelleo, que se presenta simplemente como una concentración de jóvenes en la calle, para consumir a bajo precio bebidas que en los bares y discotecas les cuesta tres veces más. «¡A algún sitio tienen que ir! ¡También ellos tienen derecho a divertirse!».

El problema surge cuando ese derecho de los jóvenes a pasarlo bien choca frontalmente con el derecho a la tranquilidad, a la seguridad y al descanso de muchos otros, y sobre todo, cuando la diversión consiste en protagonizar actos vandálicos, cometidos en la mayoría de los casos por el exceso de alcohol, y como consecuencia de una educación social y familiar en la que no figura la palabra respeto.

El artículo publicado el pasado 26 de agosto por el diario La verdad sobre el botelleo del paseo de La Barra de Cabo Palos es suficientemente ilustrativo: jóvenes protagonizando películas porno a la entrada de las casas y amenazando a los propietarios que osaban protestar; meadas y vómitos por doquier, amén de un nivel de ruidos difícilmente soportables durante toda la noche, y como colofón, kilos de basura, restos de botellas y vasos de cristal, que aún hoy, cuando está a punto de terminar el mes de noviembre, permanecen en algunos sitios como el Palmeral de Cabo Palos.

A lo denunciado en el periódico, añado yo algunos testimonios directos recogidos este verano en Cabo de Palos: una familia me contó que llevaba 29 denuncias en la OMITA, sin haber conseguido que le hicieran caso; otra, que habían tenido que contratar guardias de seguridad para evitar que jóvenes ebrios penetraran en las urbanizaciones y causaran destrozos, y otra, que le tomaban el porche de su casa al asalto, porque «¡Señora, abajo hay demasiada gente!».... Tres casos distintos, que dejaban traslucir idénticas sensaciones: indignación y desamparo por la falta de respuesta de las autoridades.

Sé que la solución no es fácil, pero estoy convencida de que se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo. Hay ayuntamientos andaluces que han establecido zonas de marcha en las afueras de la ciudad y un servicio de autobuses para trasladar a los jóvenes; otros, como Portonovo, concentran la movida de muchos municipios limítrofes, pero al día siguiente, no te encuentras ni un sólo papel en la zona, y hay ciudades, como Murcia capital, donde requisan el alcohol a los menores.

Hay también sentencias judiciales que condenan a los jóvenes a reparar el daño causado con trabajos comunitarios y sociales, y otras, que obligan a los padres a pagar los destrozos cometidos por sus hijos en centros escolares..... Y hay asimismo municipios en nuestra Región que no dudan en sancionar con muchos miles de pesetas a los dueños de perros que defecan en la calle o a quienes sacan la basura fuera del horario establecido. ¿Por qué no se puede sancionar, entonces, a los jóvenes que arrojan basura, mean en las calles y destrozan no sólo el mobiliario urbano sino elementos de propiedad privada?. ¿Por qué la Administración no duda en imponer métodos coercitivos para solucionar problemas de limpieza y conservación de edificios que no dañan los derechos personales de terceros, y los evita cuando se trata de solucionar este problema que afecta al derecho a la tranquilidad, a la seguridad y al descanso de miles de personas?. Sencillamente porque la solución no es fácil y porque falta voluntad política para ello.

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