Los promotores alertan del coste que supone adaptar la maquinaria a la ley del ruido

Solicitan a Medio Ambiente que realice antes un estudio económico de lo que costará la renovación

Fuentes de la asociación de promotores alicantinos (Provía) han señalado que, aunque el anteproyecto de ley de Protección contra la Contaminación Acústica es positivo por regular la emisión de ruidos, es «mejorable» y «prácticamente imposible de aplicar» a las herramientas que se utilizan en la actualidad, tanto en la construcción como en la obra pública. Concretamente, el apartado que preocupa a los promotores es el que establece que, en zonas urbanas consolidadas, no se podrá utilizar maquinaria que supere los 90 decibelios medidos a 5 metros de distancia, un nivel «bajísimo», según Provía, que excede cualquier motocicleta y la totalidad de las máquinas que se utilizan en la construcción, como excavadoras, taladros, radiales, camiones «y hasta un martillo».

Fuentes de esta asociación -que en la provincia integran cerca de 700 empresas- han apuntado que el primer problema será la delimitación de zona urbana consolidada, que se establecerá en función de lo que determine cada municipio -desde el centro urbano a la localidad entera-. Pero la dificultad mayor estriba en adaptar toda la maquinaria actual a la futura normativa y al coste que supondrá para los promotores.

«Primero hay que ver si hay máquinas con menos de 90 decibelios de emisión y luego ver de cuántas estamos hablando y lo que costaría adaptarlas», indicaron desde Provía, que puso en duda la existencia de máquinas fabricadas con esos niveles. Al mismo tiempo, consideró «excesiva» la «vuelta de tuerca a la normativa actual, ya que todas las máquinas cumplen los requisitos de la normativa europea y ello supondrá una competencia desleal frente al resto de la UE, que podrá construir sin las exigencias que se imponen aquí». Por ello, los promotores han pedido a la patronal Coepa que inste a la Conselleria de Medio Ambiente a que realice primero un inventario de la maquinaria existente y cuantifique cuál será el coste económico de su renovación, antes de aprobar la ley, prevista para enero.

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