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Andalucía, 30/9/2000

El Ayuntamiento de Granada inmovilizará las motocicletas ruidosas a través de su nueva ordenanza

El Ayuntamiento de Granada inmovilizará las motocicletas que superen en seis decibelios los niveles máximos permitidos en la nueva ordenanza sobre ruidos aprobada hoy por unanimidad, en un pleno ordinario en el que tomó la palabra el representante de un colectivo ciudadano para defender su postura.

La ordenanza sobre ruidos perturbadores, que prevé multas de 5.000 a 15.000 pesetas y eleva la sanción hasta las 50.000 pesetas si la infracción se comete de noche, obliga a los propietarios de los vehículos inmovilizados a trasladarlos hasta un taller "sin ponerlos en marcha", para adecuarlos a la legislación vigente y a pagar los costes derivados de la retirada de los mismos.

El debate previo a la aprobación de la nueva medida municipal contó con la participación de los representantes de los colectivos ciudadanos que presentaron alegaciones, algo que no se había producido antes en la Corporación, ya que el alcalde, José Moratalla (PSOE), autorizó su intervención antes de que los portavoces de los grupos municipales expusieran sus posturas.

"Aunque la intervención de los ciudadanos en los plenos todavía no está reglada, nuestra intención es el diálogo permanente, así que de manera excepcional y sin que sirva de precedente, el representante de Granada contra el Ruido podrá intervenir durante tres minutos", afirmó el alcalde.

Durante su intervención, el presidente de este colectivo, Francisco Morales, que habló también en representación de la plataforma contra el ruido y el botellón y de la asociación de vecinos del Bajo Albaicín, afirmó que unas 30.000 motocicletas y ciclomotores circulan por la ciudad, un tercio de ellas con "su tubo de escape modificado con objeto de producir ruidos insoportables".

Morales, que recordó que habían presentado 17 enmiendas y que sólo seis fueron aceptadas, lamentó que la cuantía de las multas previstas en la ordenanza es "demasiado baja", y que esta "no facilita la actuación de la Policía Local".

Asimismo indicó que las conductas de los motoristas "pueden constituir un delito castigado incluso con penas de cárcel y retirada del permiso de circulación" y resaltó que "si el Ayuntamiento no lleva los casos al fiscal o la jefatura de Tráfico nada de esto puede suceder".

Tras su intervención, el concejal de Medio Ambiente, Baltasar Garzón (IU-LV-CA), que agradeció la participación de los vecinos y el voto favorable del PP, opinó que la ordenanza será un buen instrumento "para combatir a los irresponsables" y resaltó que "su eficacia se verá en la práctica."

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