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Murcia, 13/11/2000

Contra el ruido

Carlos Marín Blazquez
En una noticia aparecida recientemente, leo que un grupo de vecinos ha decidido constituir una Asociación de Afectados por el Ruido con el objetivo de «defender la convivencia y el derecho al descanso de los vecinos frente a la contaminación acústica que padece el municipio». A fin de dotar a su propuesta de algo más que de un puñado de buenas intenciones, la asociación ha decidido elaborar un plan de actuación con medidas concretas: difusión de publicaciones que informen acerca de los efectos nocivos del ruido sobre la salud, concienciar a los vecinos de sus derechos en materia de legislación contra el ruido y presentación de proyectos para que se debatan en los plenos municipales estrategias encaminadas a disminuir los niveles de contaminación acústica. Además, según la noticia , «los miembros de la asociación denunciarán los casos de exceso de ruidos que se registren en los locales y espacios públicos» y se comprometen a llevar adelante la defensa jurídica de los vecinos que presenten denuncias por este tema. Una iniciativa de esta naturaleza no debería pasar inadvertida. En primer lugar, porque evidencia las posibilidades de actuación de la sociedad civil cuando los poderes públicos muestran su incapacidad o su indiferencia ante problemas que afectan muy seriamente a una mayoría de ciudadanos. Además, no se limita a la consabida pataleta, a la protesta pasajera que tras agotar su vehemencia inicial deja paso a un estado de impotencia donde los problemas no parecen tener solución y la gente se resigna a sobrellevarlos como si se tratase de un mal crónico o una catástrofe natural, sino que propone toda una serie de medidas divulgativas y judiciales (medidas que, al parecer, las autoridades municipales no habían puesto en práctica con el celo requerido hasta la fecha, no se sabe si por falta de recursos o por mera negligencia) a través de las cuales los vecinos tendrán la oportunidad de hacer valer sus derechos.

Para muchas personas el problema del ruido es algo muy serio. Lo viven como una circunstancia dramática que envenena su existencia hasta extremos difícilmente comprensibles para alguien que no padezca a diario esa lacra. Detrás de sus efectos, está la prepotencia chulesca de un puñado de energúmenos que campan a sus anchas en los espacios públicos de las ciudades, avasallando al resto de la ciudadanía con absoluta impunidad. No debería tolerarse. Somos en primer lugar nosotros, los ciudadanos, quienes tenemos el deber de hacer habitables nuestras ciudades, de exigir que sean preservados ciertos valores esenciales que atañen a nuestra calidad de vida. Claudicar frente a los bárbaros, cruzarnos de brazos ante este encanallamiento creciente de la convivencia, es algo que nos degrada. Por eso sería deseable que el ejemplo de estos vecinos se extendiese a otros municipios de la región. Se trata de que podamos defendernos, aunque sólo sea por una cuestión de dignidad. Y que a quienes practican esa forma de agresión que consiste en hacer ruido, si no son desterrados de nuestras ciudades -que es lo que merecen-, que al menos se les neutralice y se les silencie.

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