Bilbao, 17/8/2000 La Policía Municipal podrá inmovilizar al instante los vehículos demasiado ruidososLa nueva ordenanza de Vitoria endurece las sanciones por emitir contaminación acústica Los bares se enfrentarán a multas de hasta 250.000 pesetas si superan los 37 decibeliosnuria nuño. vitoriaLas medidas disuasorias y las sanciones para frenar la contaminación acústica generada por el tráfico ocupan un lugar de honor en la nueva ordenanza municipal de ruidos. La normativa establece que la Policía Municipal podrá inmovilizar al instante cualquier vehículo que emita un nivel de ruido superior a los límites establecidos. De igual modo, tendrá potestad para retirar aquellos que estén estacionados cuando su alarma moleste al vecindario. Esta es la principal novedad incorporada al texto que se aprobará de forma definitiva este viernes, y que entrará en vigor a finales de mes.Esta serie de medidas cautelares permitirá a los agentes locales trasladar a las dependencias de Aguirrelanda aquellos vehículos que circulen con el llamado 'tubo de escape libre', con silenciadores modificados o con otras deficiencias con repercusiones ruidosas. Si la inspección acústica que se efectúe determina la existencia de niveles de emisión de ruidos superiores en más de 12 decibelios a los correspondientes a ese vehículo, la Guardia urbana lo mantendrá en el depósito municipal y retendrá la licencia de circulación del vehículo. La normativa faculta también a los policías a obligar al propietario del automóvil infractor a hacer una revisión y puesta a punto del vehículo en un plazo inferior a 10 días. Una vez que esté reparado, los técnicos realizarán una nueva comprobación. Si el resultado es correcto, el propietario podrá retirarlo, previo pago de las tasas de grúa. Bares y discotecasDe forma paralela, la ordenanza limita el uso de bocinas y señales acústicas en la ciudad, salvo en casos de emergencia. Sus 44 artículos contemplan asimismo la reducción del nivel máximo de de-cibelios que se pueden emitir de día y de noche y mejoran los sistemas de medición, lo que dificultará que las sanciones que imponga el Ayuntamiento sean recurridas con éxito. Además, permitirá al Consistorio adoptar medidas cautelares «ya que hasta ahora podían transcurrir meses hasta que una sanción se hiciera efectiva», dijo el concejal de Medio Ambiente, José Antonio Pizarro.La normativa incorpora un sensible aumento de las sanciones contra los infractores, que oscilarán entre las 25.000 y las 250.000 pesetas y el cierre temporal o definitivo del establecimiento o la actividad que produzca el ruido. Su aplicación obligará a incrementar las labores de vigilancia. En la actualidad, sólo hay seis inspectores, por lo que se prevé que sea necesario un incremento de la plantilla. El Ayuntamiento ha desestimado la alegación presentada por el sector hostelero, que ayer anunció la posibilidad de recurrir ante los tribunales. la ordenanza
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