Condena a un gimnasio por causar ruidos y malos olores a diez familias

TRIBUNALES

BARCELONA. - "Voces procedentes de yacuzzis de señoras." Esta es una de las molestias que el gimnasio Metropolitan ocasiona a una comunidad de vecinos de Les Corts y uno de los siete motivos por los que un juzgado de Barcelona considera que debe indemnizarse, por "daños morales", a los diez vecinos que viven sobre el gimnasio, con 8.400.000 pesetas en total. Los otros seis daños son los ruidos excesivos de megafonía, de golpes de puertas y voces de los vestuarios, de la unidad exterior de ventilación, los excesos de calor causados por la instalación, el olor a cloro y los daños en el falso techo del vestíbulo de la comunidad de vecinos.

"Llevamos muchos años así, con ruidos, molestias, mal olor... y no puede ser, uno debe poder estar tranquilo en su casa", apunta Ángela Peñaranda, vecina del inmueble. Esta comunidad llevó sus quejas al Ayuntamiento; el PP llegó a formular una pregunta en el pleno municipal interesándose por el asunto.

La demanda presentada por la comunidad de propietarios de la calle Caballero, número 6-8, en el barrio de Les Corts, solicitaba algo más de 155 millones de pesetas para las diez familias, pero esta cifra es "excesiva", dice la juez María Escribano porque ello "supondría un enriquecimiento injusto que en modo alguno puede tolerarse". Más allá del dinero, lo importante de la sentencia, para Xavier Amorós, abogado de la vecindad, "es que para abrir un establecimiento no hace falta sólo tener todos los permisos en regla, porque el gimnasio los tiene, sino que no se moleste".

La sentencia, del juzgado civil 44 de Barcelona, condena a esa indemnización de 8,4 millones al propietario del local, Construcciones José Castro, pero no al gestor del gimnasio, Metropolitran BCN, al considerar que son defectos del edificio más que de explotación del recinto.

Los vecinos han sufrido estas molestias desde marzo de 1993, cuando abrió el club deportivo, hasta finales de 1997, plazo comprendido en la demanda, pero voces, ruidos, olores y portazos han proseguido posteriormente, según refleja el veredicto judicial, aunque quedan fuera de su acción. Además, "antes de conocer la sentencia ya se comenzaron a subsanar los defectos", apunta Felipe Izquierdo, abogado de Construcciones José Castro. Este letrado ya ha anunciado que apelará. La sentencia también obliga a subsanar los déficit constructivos, en lo que deberá invertirse 3,5 millones. Según el veredicto judicial, seis familias deben percibir un millón de pesetas; otra, 900.000 pesetas: dos más, 700.000; y una última, 100.000. La juez ha establecido estas diferencias en función del tiempo que lleva cada familia ocupando su vivienda. La juez aprecia unos daños y perjuicios "no de índole material", porque no afectan a su patrimonio, sino "de índole moral", porque "es obvio que tales ruidos y vibraciones afectan" a los vecinos, "especialmente a su salud". En estos casos, perfila la redactora, es complejo traducir a pesetas esos males. Para ello ha contado con el baremo de dos sentencias anteriores del Tribunal Constitucional.

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