País Vasco ruidoso

LA actividad humana ha sido siempre una fuente inagotable y continua de sonidos. Sin embargo, el vertiginoso proceso de urbanización que ha caracterizado a las sociedades modernas ha aportado a la civilización una nueva preocupación ambiental: el ruido.

El aumento sistemático de la actividad comercial e industrial, una elevada tasa de crecimiento de las viviendas, la pérdida de áreas verdes, la explosión demográfica y una mayor demanda de transporte público y privado ha supuesto un impacto nocivo en lo que se denomina el ambiente sonoro del núcleo urbano y, por defecto, en la calidad de vida de sus habitantes.

Tradicionalmente el ruido era considerado como la fuente de contaminación más inofensiva ya que, a diferencia de otros agentes, sólo se percibe por un sentido y sus efectos son menos inmediatos. Es, sin embargo, uno de los contaminantes más invasivos que se encuentran en la atmósfera.

Los expertos coinciden al afirmar que es muy difícil escapar a su nocividad y a los desequilibrios que comporta. En el ámbito urbano, laboral, social, educativo e incluso en el hogar, el ruido consigue interferir en la vida del ser humano provocándole dificultades de atención y de concentración, sin olvidar su contribución al estrés nervioso y a la alteración del sueño.

Internacionalmente se considera que es el tráfico el factor principal de generación de contaminación sonora en los núcleos urbanos, representa un 80% del ruido ambiental y expone a un 20% de la población de la Unión Europea unos 80 millones de personas a unos niveles de ruido nocivos. Es el caso también de Euskadi, ya que según el Mapa del Ruido del País Vasco elaborado por el departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico y presentado públicamente el pasado jueves 4 de mayo, el tráfico, seguido de la actividad industrial, son los principales focos de contaminación acústica. Concretamente el estudio ha detectado que más de cien municipios de la comunidad autónoma superan el ruido máximo permitido, sobrepasando los setenta decibelios debido a su proximidad a carreteras muy transitadas.

Muchas y variadas son las causas de esta contaminación acústica, que empieza a ser insoportable. La legislación es insuficiente y dispersa, y la que existe se incumple sistemáticamente. No se controla el nivel sonoro de los vehículos de motor, ni se exigen los correspondientes controles acústicos en las inspecciones técnicas. El uso de sirenas en ambulancias, coches de bomberos y policías, ni está regulado ni condicionada su utilización a los casos estrictamente necesarios. En la construcción de infraestructuras, industrias y edificios tanto públicos como privados, se olvidan con demasiada frecuencia, las medidas necesarias, para reducir al mínimo posible, el impacto acústico. Así, no se introducen los oportunos controles de ruido durante la fase de construcción o demolición de edificios, para reducir al máximo las molestias y en cualquier caso todo proyecto en construcción debe contemplar los correspondientes impactos acústicos, su prevención y la financiación del coste que se deriva de ello.

La instalación de pantallas acústicas, que reúnan unos requisitos mínimos legales respecto a aislamiento, absorción y transmisión de ruidos, puede ser una aportación interesante para reducir en parte el problema, aunque es sobre todo la planificación urbanística la que cobra hoy en día toda su importancia en la prevención y control de la contaminación acústica. Ello implica una nueva orientación del planeamiento urbano y tener en cuenta esta problemática en las futuras actuaciones urbanísticas.

Pero como se ha dicho, la normativa acústica en nuestro país no está actualizada, es insuficiente y está dispersa en diferentes textos legales y reglamentarios, tanto estatales como autonómicos, así como en ordenanzas municipales de algunos ayuntamientos. La Comunidad Autónoma Vasca padece, como la mayoría de las comunidades autónomas, de un déficit de legislación específica de ruidos. La actual normativa existente se limita a un decreto aprobado por el Gobierno Vasco en 1985, que regula la instalación de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas en suelo urbano residencial, pero nada más. Esta norma, por tanto, no regula de forma global el ruido, y además deja un poco indefinido quién es el órgano responsable de la materia. Sin duda, se trata de una asignatura pendiente en nuestra legislación y que se pospone legislatura tras legislatura.

Una nueva normativa permitiría establecer un procedimiento administrativo seguro y eficaz, que conduciría a la protección de los ciudadanos, contra los efectos nocivos de la contaminación acústica, en cualquiera de sus manifestaciones. Sería un importante avance, ahora bien, debería ser acompañado del cumplimiento de la normativa y sobre todo de adecuadas campañas de educación ciudadana para completar su eficacia.

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