Afectados de la 'movida' denuncian al Ayuntamiento por no perseguir «delitos evidentes»

El Ayuntamiento de Granada ha sido acusado por los afectados del botellón por no perseguir la comisión de delitos en establecimientos de frutos secos y en las calles como consecuencia de la movida, una figura tipificada en el Código Penal. Para ello se basan en las mediciones sobre ruidos realizadas el pasado fin de semana y en las visitas realizadas por un notario a los establecimientos en cuestión.

En la denuncia presentada ayer ante el Juzgado de Instrucción número uno de Granada, los vecinos afectados por el botellón indican que el Ayuntamiento realiza una flagrante dejación de funciones al permitir, sin control alguno, la venta de alcohol en tiendas de frutos secos sin tener en cuenta si los compradores son menores de edad. Mantienen carteles anunciadores de bebidas alcohólicas y abren más allá de su horario permitido. Estos hechos, constatados por el notario Segismundo Alvarez Royo Villanova, son constitutivos, según la denuncia, de una infracción del artículo 408 del actual Código Penal, relativo a la comisión del deber de perseguir delitos, tanto en lo referente a la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos no habilitados para ello y sin respeto al horario, como en lo que se refiere a los ruidos que han de sufrir los vecinos de la zona del botellón.

En el primero de los casos, el notario afirma en su informe que la totalidad de los establecimientos visitados la noche del pasado sábado, no se cumplía con la normativa. En relación a los horarios de cierre, afirma la demanda que no se cumple, a pesar de la reciente normativa del Ayuntamiento que prohíbe su apertura más allá de las doce de la noche. También se constataba la presunta dejadez de funciones al encontrar el notario que los policías que existían n la zona no actuaban sobre este problema.

Ruidos no saludables

La demanda plantea también el mismo tipo de infracción por la persistencia de los ruidos que han de soportar los fines de semana los vecinos, que van en contra de las estipulaciones del Reglamento de la Calidad del Aire. Según los últimos informes de la empresa que realizó las mediciones, en las cuatro casas controladas se registraron índices de ruido superiores a 30 decibelios, lo máximo permitido para viviendas.Los índices registrados fueron, de forma continuada: 48,3 db; 47,2 db; 49,2 db y 46,4 db. A juicio de los técnicos y del letrado Jaime Tejerizo, autor de la demanda, «estas mediciones supone una grave alteración para la salud, teniendo en cuenta que se producen entre las doce de la noche y las siete de la mañana. Impiden conciliar el sueño con todas sus consecuencias negativas».

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