El Ayuntamiento declara la 'guerra' a las miles de 'motos' ruidosas que circulan por la ciudad

La Comisión de Medio Ambiente dio ayer luz verde a la nueva Ordenanza Municipal sobre Medidas y Evaluación de Ruidos que regulará el nivel sonoro de los miles de vehículos de dos ruedas que circulan a diario por la capital. Las modificaciones introducidas en el texto aún vigente pretenden adecuar éste al Reglamento General de Vehículos que afecta a todas las poblaciones de España y en cuyo articulado se recoge la más absoluta prohibición de uso de dispositivos no homologados por la Dirección General de Tráfico.

La nueva ordenanza contempla, desde el punto de vista sancionador, tres grandes grupos de vehículos:aquellos cuya emisión de ruido no supera los tres decibelios, los que traspasan esta barrera y pueden alcanzar los seis decibelios y, finalmente, aquellos que baten esta marca y resultan incompatibles con la salud de los ciudadanos. Para los conductores de los primeros, el nuevo texto prevé sanciones de 5.000 pesetas, cantidad que se eleva a las 10.000 en el segundo supuesto. En ambos casos, el titular del ciclomotor o motocicleta tiene dos alternativas: reparar su vehículo en un plazo máximo de diez días y presentarse con el mismo en el cuartel de la Policía Local, con lo que evitará la sanción, o mantenerlo operativo y pagar la multa, con el consiguiente riesgo de que sea detenido de nuevo y considerado reincidente, con lo que se enfrenta a un expediente de mayor gravedad.

Para aquellos cuyos vehículos superen los seis decibelios de emisión sonora o tengan modificada la emisión de sus escapes, la sanción es más dura: la Policía Local procederá a inmovilizar el ciclomotor o motocicleta en el mismo momento en que compruebe lo anterior, avisará a la grúa y ésta retirará el vehículo hasta dependencias policiales. A la par se le impondrá al infractor una sanción de 15.000 pesetas y si desea recuperar su medio de locomoción, se verá obligado a trasladarlo, también mediante los servicios de una grúa, a un taller, repararlo convenientemente y certificar en las dependencias policiales que su motocicleta o ciclomotor se ajusta ya a lo que prevé la nueva ordenanza. «Sólo, entonces, se le permitirá usarlo de nuevo», explica Jesús del Río, director de servicio de la Concejalía de Medio Ambiente. La infracción le costará al denunciado entre 30.000 y 50.000 pesetas, cantidad en la que se incluye la sanción, los gastos de grúa, garaje y arreglo del vehículo.

El responsable municipal agrega que cualquier policía local está obligado a detener a todo vehículo de dos ruedas con emisiones acústicas fuera de lo normal, pero añade que será una patrulla verde, formada por unos diez agentes, la que cada día vigile en diferentes puntos que se cumpla la nueva normativa.

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