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Granada, 18/03/2000
El Ayuntamiento anuncia controles más eficaces para inmovilizar las motos ruidosas
Va a modificar la ordenanza que regula los ruidos producidos por los ciclomotores El Ayuntamiento de Granada modificará la ordenanza que regula los ruidos producidos por ciclomotores y motocicletas para mejorar la eficacia de los controles policiales y facilitar la retirada de los vehículos ruidosos de la vía pública. Las modificaciones serán aprobadas el próximo lunes en la comisión municipal de Medio Ambiente.La comisión de Medio Ambiente aprobará el lunes la modificación de la actual ordenanza de ruidos para incorporar las novedades que han aparecido en el recién aprobado Reglamento General de Vehículos, que plantea la prohibición de circular con dispositivos que no estén homologados y permite, además, la inmovilización de los vehículos de dos ruedas con tubos de escape rectificados. La anunciada modificación de la ordenanza ha sido tratada por una comisión en la que han participado técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente, Salud y Consumo; de la Concejalía de Tráfico y Transportes; de la Consejería de Medio Ambiente y de la Jefatura Provincial de Tráfico.
La citada comisión lleva dos meses preparando estas modificaciones de la Ordenanza Municipal sobre Medidas y Evaluación de Ruidos, una herramienta legal que el Ayuntamiento de Granada aprobó en diciembre de 1998 para luchar contra la proliferación de motos ruidosas. A la vista del número de motos ruidosas que siguen circulando por las calles de Granada, la Ordenanza no ha funcionado. Ahora la comisión ha introducido una serie de modificaciones que persiguen mejorar la eficacia de los controles policiales. «La actual ordenanza plantea dudas sobre la inmovilización del vehículo», explica Jesús del Río, director de servicio de la Concejalía de Medio Ambiente, «por lo que vamos a presentar una modificación que permita que la Policía Local retire de la vía pública cualquier motocicleta o ciclomotor con tubo de escape no homologado o que no se ajuste a los niveles sonoros autorizados». La normativa califica las infracciones en leves y graves en función de si superan en seis decibelios los límites máximos del nivel sonoro, y en muy graves si la moto circula sin tubo de escape o el infractor obstaculiza la labor inspectora de los policías locales.
Las multas oscilan entre las 5.000 y las 15.000 pesetas, en función de la gravedad de la infracción. Los sancionados pueden evitar el pago de la multa si en el plazo de 10 días han subsanado las deficiencias para lo cual deberán presentarse en el cuartel de la Policía Local y acreditar que han reparado el vehículo.
Aunque elAyuntamiento dispone de nuevos instrumentos de medición de ruidos, Del Río ha asegurado que los controles de la Policía Local serán selectivos y que sólo se pretende actuar contra aquellas motos «verdaderamente molestas y que son fácilmente identificables por el ruido atronador que meten».
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