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Oviedo, 22/02/2000
El edil de Conceyu, acusado de prevaricar por negar la medición de ruidos de un bar
LOS VECINOS, TRAS NUMEROSAS QUEJAS ANTE EL AYUNTAMIENTO, LOGRARON QUE LA JUEZ ADVIRTIESE DEL CIERRE DE UN LOCAL DE LUGONES SI NO ERA INSONORIZADOManuel Ángel Suárez.
Vecinos de la calle Monte Naranco de Lugones han presentado una querella en el Juzgado de primera instancia e instrucción de Pola de Siero contra el concejal delegado de Lugones, Manuel Ángel Suárez, de Conceyu. La causa, un delito de prevaricación como presunto responsable de «dar una orden expresa e ilegal a la Policía Local para que no atendiera las reclamaciones vecinales» por los ruidos originados en un bar de la localidad. La querella afecta también a un funcionario municipal. Los vecinos piden al juez que llame a declarar al propio alcalde, Juan José Corrales, en calidad de testigo.Los querellantes se basan en una reciente y novedosa sentencia judicial que les daba la razón. La juez confirmaba que el bar denunciado emitía ruidos molestos y obligaba a la hostelera a eliminarlos. En caso de no hacerlo, especificaba que ordenaría el cierre inmediato del bar durante dos años. Los vecinos, representados por el abogado poleso Javier Díaz-Esnal, en base a esta sentencia, exigieron responsabilidades al Ayuntamiento. «La actitud municipal fue de absoluta inhibición, ya que se impedía que la Policía Local acudiese al lugar a efectuar mediciones», afirman.
«Ruidos y olores»
Los hechos comenzaron en agosto de 1998, con la apertura de un café bar. «Los problemas de los vecinos se fueron incrementando a causa de los insoportables ruidos y olores que procedían de su interior», puntualizan los afectados.Fueron varias las denuncias ante el Ayuntamiento, la última el 28 de junio. El 6 de julio de 1999, el Alcalde concedía licencia de discobar al establecimiento. Posteriormente, los ruidos se incrementaron. El asunto acabó en los tribunales y los vecinos demostraron, en base a un informe de un técnico independiente, que el local no cumplía las normativas de ruidos.
La querella recoge que los afectados efectuaron llamadas a los agentes locales en un centenar de ocasiones y presentaron innumerables escritos. Además consideran que el ingeniero técnico municipal que informó favorablemente de la licencia del discobar, «sabiendo de las deficiencias después demostradas», y el concejal delegado de Lugones, Manuel Ángel Suárez, «son por el momento los responsables de una maquinación que puede alcanzar incluso a la más alta instancia municipal».
Los demandantes piden que declaren los dos querellados, el alcalde de Siero, Juan José Corrales, y el ingeniero técnico José Antonio Luna, que hizo el informe que demostró a ojos de la juez que el bar excedía los límites de ruidos permitidos.
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