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Granada, 7/2/2000
Las soluciones al 'botellón' pasan por obligar a la Junta de Andalucía a cumplir con la legalidad
El Ayuntamiento no tiene las competencias suficientes para acabar con el problema
Los asistentes a la reunión que se celebraba el pasado lunes en el Ayuntamiento de Granada para impulsar la redacción de una ordenanza contra la movida de botellón están desanimados. Tanto los concejales como los vecinos afectados, además del juez decano de Granada, Emilio Calatayud, que por primera vez formaba parte de la comisión de estudio de las soluciones a este problema, obtuvieron una misma impresión. Las fórmulas para acabar con los efectos del ocio desmedido en las calles los fines de semana pasa por la voluntad de la Junta de Andalucía de hacer cumplir la legalidad vigente y por abrir el abanico de competencias municipales que, en este momento, dependen exclusivamente del Gobierno autonómico. Si la Junta quiere se pueden poner las bases suficientes para luchar contra la movida, pero hasta el momento la Junta no ha cumplido con sus promesas de frenar la venta de alcohol a menores, de controlar el horario de cierre de algunos establecimientos y de facultar a los ayuntamientos a actuar en materia de consumo. La legislación autonómica indica que es competencia de la Junta de Andalucía, que actuará con la colaboración de la Policía Autonómica, el control de cuestiones como si un establecimiento, caso de algunas tiendas de frutos secos y chucherías, vende alcohol a menores y si se consume en las calles, además de procurar que las tiendas y bares cierren a su hora. Sólo con una labor de control de horario de cierre de establecimientos se conseguiría que una gran parte de las litronas que se consumen en las zonas de movida no existieran.Pero el problema principal se encuentra en la posibilidad legal de que el Ayuntamiento, por sí mismo, pueda dictar una prohibición expresa de consumo de alcohol en la vía pública. En este momento, según todos los planteamientos jurídicos expuestos en la reunión del pasado lunes, el Ayuntamiento no podría ordenar esa prohibición, ya que la legislación autónoma no se lo permite, al contrario de otras comunidades autónomas que dejan la puerta abierta a que sean los ayuntamientos quienes decidan sobre estas cuestiones.
En estos días se estudia la posibilidad, expresada por la magistrada Inmaculada Montalbán, de prohibir ese consumo en situaciones especiales, como por ejemplo la proximidad de un centro escolar, pero es una medida dudosa ya que los centros escolares están cerrados los fines de semana y en horario nocturno. Según se desarrolló la reunión del pasado lunes, con participación de todos los estamentos relacionados con este tema, esta semana se tendrá una ordenanza que se mantiene igual que la ya dada a conocer por el Ayuntamiento de Granada, con dos modificaciones que se estudian estos días y se les dará hoy el visto bueno, si procede, a la inclusión de carteles en las tiendas de frutos secos en los que se indicará que en ese establecimiento está expresamente prohibida la venta de alcohol y la prohibición de su consumo en lugares próximos a centros escolares, aunque esta última no se espera que se materialice como norma dentro de la ordenanza.
Entre las previsiones de los vecinos afectados por la movida se encuentra comenzar a llamar a las puertas de la Junta de Andalucía, dejar de acudir a la Plaza del Carmen para hacerlo en la Junta a exigir que se cumpla con la legalidad.
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