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EN estos días de arduos debates sobre la financiación autonómica se pone
de manifiesto que las regiones españolas exigen diferentes criterios
para adecuar el reparto de los presupuestos de acuerdo con sus
necesidades particulares. El criterio defendido por Cataluña establece
que una región ha de recibir financiación proporcionalmente a su
productividad. Según este criterio las comunidades más ricas recibirían
más dinero, rompiendo con el principio de solidaridad y de desarrollo
equilibrado de todos los territorios de España.
Otras comunidades autónomas sostienen que el criterio de financiación ha
de estar basado en la población. Este es el caso de Andalucía, que en la
disposición adicional tercera de su Estatuto de Autonomía recoge: «La
inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población
andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años».
Nuestros políticos autonómicos han defendido tradicionalmente este
criterio en base al incremento de la población andaluza en un millón de
habitantes, que no era reconocido por los Presupuestos Generales del
Estado (PGE). Argumentado así, el nuevo criterio parece buscar un
reparto más justo, pero nada más lejos de la realidad.
El criterio de financiación por población encierra muchas trampas y la
primera que sale perjudicada es la provincia de Granada. Es verdad que
los PGE de 2008 han reservado para Andalucía el 18% del total nacional
en base a su población. Sin embargo, la primera trampa consiste en que a
Granada no le ha tocado la octava parte de ese 18% porque en el reparto
del presupuesto por provincias se ha seguido manteniendo el criterio de
financiación por habitante. Así, los PGE de 2008 destinaron para Granada
580 millones de euros, mientras que a Sevilla, que nos dobla en
población, destinaron prácticamente el doble con 1080 millones de euros.
El gasto de la Junta de Andalucía en 2007 obedeció al mismo criterio,
con una inversión de 115 millones de euros en Granada frente a los 200
millones de euros gastados en Sevilla.
La segunda trampa del criterio de financiación por habitante consiste en
que no se tienen en cuenta factores que encarecen las infraestructuras
como nuestra endiablada orografía. Es decir, no solo recibimos la mitad
de dinero por tener la mitad de población, sino que además debemos
afrontar el gasto de infraestructuras más caras. Sirva como ejemplo un
tramo de la autovía Sevilla-Utrera enclavada en la Andalucía llana del
valle del Guadalquivir con un coste de 2,7 millones de euros por km,
frente a los 10,8 millones de euros por km presupuestados en el tramo
granadino costero Lobres-Taramay (el tramo Nerja-La Herradura llegó a
costar 15,9 millones de euros por km).
Haciendo un poco de memoria, comprobamos que el criterio de financiación
por población no siempre ha interesado a los políticos andaluces. Por
ejemplo, por decisión del sevillano Felipe González, el AVE se puso 15
años antes en Sevilla (1.800.000 habitantes) que en Barcelona (5.300.000
habitantes), de acuerdo con el criterio de compensar desequilibrios, de
invertir más donde más falta hacía. En contra de lo que mucha gente
piensa no se puso con motivo de la Expo'92, ya que ese año en Barcelona
también se celebró otro acontecimiento de escala internacional (las
olimpiadas).
Ahora, cuando se trata de Granada, parece que no interesa compensar la
carencia histórica de infraestructuras y los presupuestos, tanto del
Estado como de la Junta, seguirán consiguiendo que las infraestructuras
de Sevilla se sigan desarrollando a mucho más del doble de velocidad que
en Granada.
Espero que a partir de ahora, los granadinos se rebelen ante el
eufemismo de la 'financiación por habitante' empleado por los políticos
para justificar las migajas presupuestarias que destinan a nuestra
provincia. |
